César Arellano y Eduardo Murillo
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Ciudad de México
Lunes 30 de septiembre
Un juez federal anuló la demanda amparo que interpuso Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en contra de cualquier orden de captura o la ejecución de algún mandamiento judicial.
El ex funcionario es uno de los coacusados de Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos que generaron una afectación de más de cinco mil millones de pesos al erario federal, y quien actualmente está presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla luego de que el juez del caso la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.
El Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México sobreseyó la demanda de garantías y por consecuente le negó la protección de la justicia.
De acuerdo con el fallo del juez Jesús Alberto Chávez Hernández , la Fiscalía General de la República (FGR) y jueces de los Centros de Justicia Penal Federal con sede en los reclusorios Norte, Sur y Oriente, así como otras autoridades informaron que no existe un mandamiento judicial en contra de Sosamontes.
Entre los datos de prueba, el Ministerio Público Federal presentó en la audiencia del lunes 27 de agosto contratos que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las dependencias y Ramón Sosamontes, ambos colaboradores cercanos a la ex jefa de gobierno, como los involucrados en la realización de esos contratos.
En tan sólo cuatro años, ocupando altos cargos dentro de la extinta Sedesol, Emilio Zebadúa González y Ramón Sosamontes Herreramoro suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos. Así se desprendió de los datos vertidos durante la audiencia judicial del pasado 12 de agosto, en donde se vinculó a proceso, por ejercicio indebido del servicio público, a quien fue titular de esa dependencia y jefa inmediata de ambos, Rosario Robles Berlanga.
En la diligencia se mencionó que Zebadúa González, en su calidad de oficial mayor de la Sedesol, era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los cuales se cometió el desvío de miles de millones de pesos.
Según los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2013 y 2016 ex subordinados de Robles Berlanga firmaron 25 contratos y convenios con sus respectivos anexos, entre la Sedesol y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con universidades, así como con sistemas de radio y televisión estatales.
Los dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) en 2013 indican que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol presuntamente suscribió tres convenio con el ex rector Alejandro Vera, por 675 millones 305 mil 448 pesos, para distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta Sin Hambre en 400 municipios marcados como prioritarios por la secretaría.
Asimismo, de acuerdo con las constancias que la FGR dio a conocer durante la audiencia inicial y en la que se vinculó a proceso a Robles Berlanga, Sosamontes Herreramoro, primero como jefe de la Oficina de la secretaria y luego como titular de Comunicación Social de la Sedesol, suscribió dos convenios generales, uno específico y otro de prestación de servicios, con Radio y Televisión de Hidalgo entre 2014 y 2015, para la difusión del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y que causaron un presunto daño al erario federal por 955 millones 311 mil 55 pesos.
Hay versiones que señalan que Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa, ya forman parte de los testigos protegidos de la FGR, aunque las autoridades no lo han confirmado.
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