Carlos Figueroa
La Jornada Maya

Nuevo Laredo, Tamulipas
Sábado 17 de agosto, 2019

A fin de cobrar una recompensa de 2 millones de pesos, el director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Natanael Castelán Iturria, fabricó una trama para inculpar a seis personas –tres de ellos reporteros– como los autores materiales del asesinato del periodista independiente Carlos Domínguez, el 13 de enero de 2018, en esta ciudad.

El ex policía federal David Mejía Bravo, uno de los cinco acusados, denunció lo anterior al iniciar el proceso contra los presuntos cómplices en la sala de juicios orales B, ubicado a un costado del Centro de Ejecución de Sanciones. El sexto implicado, el comunicador Gabriel Garza Flores, falleció en prisión.

Un mes después del asesinato del comunicador, la entonces Procuraduría General del estado ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportará datos para el esclarecimiento del homicidio, situación por la cual, Castelán Iturria ofreció 500 mil pesos a Mejía Bravo para formar parte de la trama que inculpó a otras cinco personas, dio a conocer el jurista Gabriel Regino, integrante del equipo de abogados de los acusados, quien detalló que denunciaron al funcionario de fabricación de culpables y corrupción.

Mejía Bravo ha reconocido que Castelán Iturria lo contrató para hacerse pasar como autor material del terrible homicidio de Carlos Domínguez, a cambio de recibir 500 mil pesos, que iban a ser parte de la recompensa que se iba a cobrar creando esta fabricación de culpables, expuso Gabriel Regino.

Incluso, el propio Mejía Bravo informó al tribunal de enjuiciamiento que él dio los datos de su compañero Adrián Montes (también ex policía federal) para que fueran dos los detenidos, y con el tiempo y al no cumplir el pago de los 500 mil pesos ni de liberarlo en el plazo de los seis días, decidió contar la verdad.

Destacó que esto es trascendental, porque por primera vez ante un tribunal de enjuiciamiento se aclara y se pone en evidencia que estamos en una situación gravísima, donde no sólo se ha acusado a seis, sino que tres de ellos eran reporteros y uno murió en prisión, siendo inocente.

Enfatizó: no podemos permitir que los trabajadores de los medios por su labor puedan caer, tampoco las demás personas que fueron involucradas por motivos políticos y por actos de corrupción.

En marzo de 2018, el procurador general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, aseguró que el crimen fue por el trabajo que publicó durante todo un año. Acompañado por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el procurador informó de la detención de seis involucrados.

Incluso anunciaron que para dar con los autores materiales e intelectuales se analizaron 120 textos que publicó durante 2017, que fueron de gran relevancia para la línea de investigación. Descartaron que detrás del homicidio estuviera la delincuencia organizada.

Por el asesinato de Domínguez, están presos los periodistas Gabriel Garza Flores –quien murió en la cárcel–, Luis Valtierra y Jesús González, así como el empresario Rodolfo Cantú, y los ex policías federales David Mejía Bravo y Adrián Montes Fernández.


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