Emir Olivares
Foto: Captura de video
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 24 de julio, 2019
La Fiscalía General de la República (FGR) investigará el robo y allanamiento cometido en la casa de la periodista Lydia Cacho, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo. La dependencia afirmó que desde el día de los hechos, el domingo pasado, abrió una carpeta de investigación por el delito de robo, luego de que la víctima hizo público el incidente.
Peritos de la FGR en materia de criminalística, dactiloscopia, fotografía, telecomunicaciones e informática examinaron el inmueble en búsqueda de indicios de prueba. Cacho denunció que los ladrones se llevaron de su domicilio parte de su equipo de trabajo con "material periodístico altamente sensible", además de que mataron a una de sus perras y a otra la envenenaron.
La FGR explicó que aunque el robo corresponde en principio y por obligación investigarlo a las autoridades de Quintana Roo, la dependencia federal actúa ante la posibilidad de que el móvil haya sido en represalia a la actividad periodística de Cacho, lo que conformaría un delito federal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los hechos contra la periodista, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Artículo 19 señalaron que se trata de una represalia por su labor.
El organismo demandó a las autoridades de procuración de justicia de esa entidad agotar las líneas de investigación correspondientes, con especial énfasis en la posible relación de ese hecho con su trabajo periodístico y como defensora de los derechos humanos. Recordó que en julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó al Estado mexicano por violar las garantías fundamentales de la periodista en 2005, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión.
Por separado, la Redim y Artículo 19 consideraron que esa agresión "constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia Cacho que ha llevado más de 14 años". Exigieron a la Secretaría de Gobernación y a la FGR, especialmente a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, se cumplan las garantías de no repetición, se garantice la seguridad y vida de la comunicadora y se sancione a los responsables de estos hechos.
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