Gustavo Castillo García
Foto: Twitter@ArturoZaldivarL
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 14 de mayo, 2019

Jueces federales adscritos a los estados de Jalisco, Veracruz, Guerrero y Colima, donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza del [i]cártel[/i] Jalisco [i]Nueva Generación[/i] (CJNG), están siendo investigados.

Esto ocurre especialmente en Jalisco. En las pesquisas participan distintas áreas de inteligencia del gobierno federal, entre ellas las de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal. También colaboran agencias del gobierno de Estados Unidos.

El expediente se abrió luego de detectar casos en los que juzgadores ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.

Congresistas y miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen conocimiento de las indagatorias. Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) dirige la operación en la que se revisa con lupa el desempeño de jueces y magistrados de los estados mencionados y que han servido de "bisagras para que las puertas de la justicia se vuelvan giratorias, de tal manera que así como los inculpados entran, salen poco después", de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad.

[b]Cambios de adscripción[/b]

En torno a los casos de corrupción de jueces y magistrados, denunciados o señalados en meses recientes tanto por el jefe del Ejecutivo federal como por el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, comentó: "hemos iniciado un gran número de investigaciones y procesos de disciplina, particularmente en Jalisco, que es uno de los estados en donde se nos reportaron problemas de diversa índole. Iniciamos una renovación del circuito. Nos parece importante hacer cambios de adscripciones para tener sangre nueva..."

Integrantes del PJF señalaron que desde hace al menos ocho años se ha procedido en contra de aquellos funcionarios que han incurrido en actuaciones indebidas, y mencionaron que hay “tres rubros en los que se ubican los casos de corrupción: delincuencia organizada, autos [i]chocolates[/i] y casinos".

"Hemos iniciado una renovación. Nos parece que es importante hacer cambios de adscripciones para tener sangre nueva en el circuito".

Cuando se le preguntó si es grave la situación del tema de corrupción, Zaldívar dijo: “hemos observado –yo lo sabía antes de llegar a la Corte– que sí hay en el Poder Judicial un problema de corrupción. No es generalizado”.

[b]Operaciones irregulares[/b]

Trascendió también que en el contexto de estas investigaciones se puso en alerta el sistema financiero nacional con el fin de detectar cualquier operación irregular que involucre a jueces y magistrados.

Fuentes federales señalaron que una de las principales investigaciones gira en torno al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez –a quien se atribuye la adquisición de inmuebles por más de 18 millones de pesos entre 2010 y 2016–, por haber ordenado en 2018 la liberación de Francisco Aguilar Santana, apodado [i]Juan Pistolas[/i], uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, [i]El Mencho[/i], líder del CJNG.

Ayer en una declaración realizada por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se informó que a un magistrado federal se le aseguraron cuentas por 50 millones de pesos, y aunque no lo identificó por su nombre, todo hace suponer que se trata de Avelar Gutiérrez, al mencionar que estaba adscrito en Jalisco.

Sin embargo, el expediente de [i]Juan Pistolas[/i] no fue el único de este tipo. Hay otros en los que el mismo magistrado dictaminó la libertad de los acusados que supuestamente pertenecen a este [i]cártel[/i].

Avelar Gutiérez estuvo al frente del sexto tribunal unitario del tercer circuito con sede en Jalisco y atendió al menos 10 casos de detenidos vinculados al CJNG, y en todos resolvió en su favor. En abril pasado lo transfirieron a un tribunal con sede en Chilpancingo, Guerrero, y se le inició un procedimiento administrativo.

En el caso de [i]Juan Pistolas[/i] los argumentos para liberarlo son insostenibles, como el que se hicieron cateos casi al mismo tiempo por parte del Ministerio Público y el funcionario no pudo estar en ambos; sin embargo, el nuevo sistema de justicia señala que no es necesario que el personal ministerial asista porque ahora es facultad de la policía realizar esas diligencias.

[b]Elementos suficientes[/b]

En su momento, el compadre de Nemesio Oseguera fue detenido en posesión de 12 armas cortas y 15 largas, dos lanzagranadas, cuatro equipos de defensa antiárea y droga, y con la agravante de ser reincidente, ya que en 2010 fue detenido y pasó siete años en prisión por delitos contra la salud.

En su carrera como integrante del PJF, Avelar Gutiérrez había atendido casos de Rafael Caro Quintero y Rogelio González Pizaña, este último considerado en 1999 uno de los hombres más importantes en la estructurara del [i]cártel[/i] del Golfo cuando el líder era Osiel Cárdenas Guillén.

La investigación a jueces y magistrados abarca a otros integrantes del PJF, pero el de Avelar Gutiérrez es el caso más claro.


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