Discrepan por precio de tortilla; empresarios prevén abaratarlo

Susana González G.
Foto: Cuartoscuro / archivo
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 6 de mayo, 2019

Contrario a las advertencias de algunos dirigentes de organizaciones de productores de masa y de tortilla de que el precio del alimento podría subir hasta 3 pesos por kilo en este año, hay empresarios del sector en Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila y Jalisco, que aseguran que el aumento no es necesario e incluso la tortilla podría abaratarse un peso sin necesidad de subsidios por parte del gobierno federal, pero “siempre y cuando se abata la informalidad”.

Además plantean demandar que se autorice que la compra de tortillas en negocios formales con las Tarjetas del Bienestar, donde se depositan los subsidios para diferentes grupos sociales como adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, informaron Alfonso Anaya y José Ángel de la Torre Sánchez, dirigentes de la delegación en Aguascalientes de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de la Masa y la Tortilla, a la que varias organizaciones pretenden fortalecer frente a la “atomización” del sector para convertirla en la principal interlocutora ante el gobierno, sobre todo porque sus afiliados son productores formalmente establecidos.

Sostuvieron que los programas sociales tienen “una falla estructural que los puede llevar al fracaso” porque pueden incentivar la informalidad y provocar la desaparición de pequeñas empresas o negocios formales, como tortillerías y molinos de nixtamal, si no se establecen reglas claras de operación y candados para que los beneficiarios puedan usar sus tarjetas para comprar en negocios establecidos.

Además de abaratar el precio de la tortilla, aseguraron que la regularización del sector redundará en un incremento en el pago de impuestos al gobierno por “más de 7 mil millones de pesos anuales” y otra cantidad similar por el pago de cuotas por los trabajadores que sean inscritos al IMSS, Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Para impulsar tales propuestas, la Federación de Masa y Tortilla del Estado de Querétaro convocó a dirigentes de diferentes organizaciones a una reunión el próximo 8 de febrero en la capital de ese estado. El objetivo “no es pedir subsidios al gobierno ni aumentar el precio de la tortilla”, puntualizó Alfonso Anaya, un profesor de historia, filosofía y ética de preparatoria que devino en tortillero porque, comentó, el salario no le alcanzaba.

Refirió que la informalidad en este sector tan importante económica, social y culturalmente se disparó desde finales del siglo pasado, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo abolió por decreto los subsidios a la tortilla para que su precio se regulara mediante la oferta y la demanda.

Eso resultó totalmente falso, porque desde entonces la informalidad es la que regula el precio de la tortilla ya que quienes trabajan en esa condición venden a precios por debajo del precio de producción de los negocios establecidos, reparten a domicilio y en tiendas de abarrotes sin cumplir con las normas de higiene y calidad que exigen las autoridades, no pagan impuestos, producen en casas o locales clandestinos con tarifas domésticas en lugar de industriales de electricidad y gas o a veces roban dichos energéticos y tienen trabajadores que no inscriben al IMSS, todo lo cual genera una competencia desleal.

José Ángel de la Torre refirió que desde el 10 de abril entregaron las propuestas mencionadas en Palacio Nacional, donde además solicitaron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los titulares de las Secretarías de Economía (SE), de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, sobre todo, de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo de reciente creación, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

“Queremos trabajar con el presidente y le tomamos la palabra para ayudarle a mover ese elefante reumáticao que es el gobierno, para lo cual le pedimos que designe a uno de sus funcionarios, que podría ser el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, para formar una comisión con todas las dependencias y las cámaras de Diputados y Senadores para tomar las medidas legales que permitan ordenar y fortalecer nuestra industria y acabar con la informalidad”, aseveraron.