Texto y foto: Notimex
La Jornada Maya

Monterrey
Jueves 2 de mayo, 2019

Habitantes de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey, expresaron que el “acuerdo de voluntades” que firmó el alcalde, Miguel Treviño de Hoyos, para ceder bienes públicos y que su antecesor construya el museo La Milarca para exhibir su colección privada de arte, viola diversos artículos de la ley.

Los vecinos, que combaten la asignación de al menos 136 millones de pesos de las arcas municipales, así como la entrega de la parte central del parque público y área verde Rufino Tamayo para la construcción de La Milarca, manifestaron que seguirán litigando para regresar los bienes públicos al Ayuntamiento.

Indicaron que el “acuerdo de voluntades” que firmó el actual alcalde con su antecesor, el panista Mauricio Fernández Garza, para ceder los bienes públicos, viola los artículos 85 y 210 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León. El ex director Jurídico de ese municipio (2006-2009) y quien ha vivido 40 años en la zona, José Humberto Sánchez Gutiérrez, dijo que la ley es muy clara y no existe salida jurídica para la violación en que incurren.

Es un abuso de autoridad, el espíritu del desarrollo urbano es la calidad de vida y la ley obliga a que los fraccionadores cedan el 17 por ciento del terreno a un área pública verde, un parque, un espacio inalienable para la calidad de vida.

“En su artículo 210 la ley (de Asentamientos y Desarrollo Urbano) establece claramente que las únicas construcciones que pueden realizarse en un parque son escuelas de preprimaria y casetas de vigilancia, nada más, no hay argumento jurídico que puedan esgrimir”, expresó Sánchez Gutiérrez.

Francisco Abel Treviño, ex rector de la Universidad Regiomontana y actual secretario del organismo privado Vertebra, explicó que durante toda su vida se ha dedicado a la educación y que en este caso no existe un argumento “cultural”, sino un interés particular del ex alcalde.

Y con esto están diseminando la cultura de la violación a las leyes.

“Nos quieren vender la idea, el ex alcalde y el alcalde actual, de que será un museo y es cultura, pues no es así, toda mi vida me he dedicado a la educación y la mejor educación es generar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas, en este caso están por encima de la ley”, expresó Treviño Cisneros.

Esta polémica inició en la administración anterior (2016-2018) de Fernández Garza, quien forma parte de una familia de prominentes industriales de Monterrey, y que asignó más de 300 millones de pesos del erario, más el punto central del parque público, para construir La Milarca y otros dos museos, con el fin de exhibir en ellos sus colecciones personales de arte, numismática y paleontología.

La Milarca apenas está en su primera fase de construcción, pero el actual alcalde Treviño de Hoyos, que durante su campaña prometió que regresaría los bienes públicos al erario, apenas el 11 de abril pasado sorprendió a los habitantes del municipio.

Treviño de Hoyos firmó ese día un salomónico “acuerdo de voluntades” donde se abstiene de cualquier demanda para recuperar el dinero público y el terreno del parque para La Milarca, a la vez que se cancelaron los otros dos proyectos de museos.

“El acuerdo muestra contradicciones, terminología engañosa y una redacción ambigua que siembra dudas razonables y abre la puerta a futuras controversias por violentar el Artículo 23 del Reglamento de conservación de Bienes Municipales de SPGG. También los artículos 204 y 205 de la Ley de Gobierno Municipal”, dijo Nora Toscano, ex presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Monterrey.


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