Emir Olivares Alonso
Foto: Jesús Villaseca
La Jornada Maya
Ciudad de México
Martes 19 de febrero, 2019
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio del líder comunitario y defensor de los derechos humanos Samir Flores Soberanes, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), demandó que el caso no quede en la impunidad y solicitó a los gobiernos federal y estatal brindar medidas cautelares a sus familiares y a los activistas que desde hace varios años han participado en las acciones contra el referido proyecto.
Esta mañana el líder comunitario fue asesinado por desconocidos en la puerta de su casa. Era un activo integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT).
En un comunicado en el que lamentó el crimen y envió condolencias a los deudos de Flores Soberanes, la CNDH refirió que se solicitaron medidas de protección a las personas cercanas a la víctima a fin de salvaguardar sus vidas e integridad personal, así como evitar hechos de similar naturaleza.
Informó que personal del organismo ya trabaja en Morelos, tanto con los familiares como compañeros del activista para brindarles apoyo y asesoría jurídica, así como la contención emocional que requieran, además de allegarse de la información del caso para determinar probables violaciones a sus derechos fundamentales.
El organismo nacional, presidido por Luis Raúl González Pérez, demandó a las autoridades correspondientes la indagación amplia, exhaustiva y profesional del homicidio de Flores Soberanes, sin omitir ninguna línea de investigación que el caso amerite.
Es de recordar que ayer integrantes del FPDTA-MPT solicitaron en la CNDH medidas cautelares para suspender la consulta popular para concluir la termoeléctrica de Huexca, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la consideran "inequitativa, inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales", pues, argumentaron, no se ha dado información a fondo del proyecto y sólo sobre la consulta, el ejercicio se abrió a toda la población cuando debería ser exclusivamente a los habitantes de las comunidades afectadas y no cumple con los requisitos de ser libre, previa e informada.
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