Gustavo Castillo
Foto: Pablo Ramos
La Jornada Maya
Ciudad de México
Sábado 16 de diciembre, 2017
Sobre una camilla y cubierta de pies a cabeza por una sábana blanca, Elba Esther Gordillo Morales llegó a su casa, al número 7 de la calle Galileo, en Polanco, luego de que hace 4 años y casi diez meses fue detenida en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México.
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solo respondió “bien” cuando se le preguntaba cómo se sentía, mientras acompañada de su abogado Marco Antonio del Toro, camilleros de la Procuraduría General de la República (PGR) e integrantes de la Policía Federal Ministerial, la bajaban de la ambulancia en la que fue trasladada del hospital MedicAccess al domicilio en el que permanecerá en prisión domiciliaria.
Luego de más de cinco horas de papeleo y de esperar los trámites para su traslado del hospital a su Penthouse, el recorrido de la colonia Lomas de Chapultepec se realizó en cinco minutos. Lo que fue un recorrido silencioso se convirtió en una traslado con sirena abierta ya en las calles cercanas al número 7 de la calle Galileo, en donde durante horas varios de sus colaboradores esperaron infructuosamente para darle la bienvenida.
La salida del hospital fue a las 2:29 horas y a las 2:34 la ambulancia se estacionó de reversa en la zona de estacionamiento para que pudieran bajar la camilla en que ella fue transportada.
El rostro de la ex dirigente del SNTE no se descubrió para dar una declaración y solo se escuchó su voz a través de la tela que le cubría todo el cuerpo, mientras el personal de seguridad y sus vigilantes se abrían paso a empujón entre los reporteros y fotógrafos que esperaron su arribo.
Gordillo Morales sigue sujeta a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada —y aunque la mayor parte de los 4 años y casi diez meses desde que fue detenida los vivió tanto en la Torre Médica de Tepepan y dos hospitales privados—, ayer regresó a su casa al obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
La ex dirigente del SNTE está acusada de haber desviado casi dos mil millones de pesos de las arcas sindicales a sus cuentas personales.
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La Jornada
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