La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
Ciudad de México
Domingo 10 de diciembre, 2017
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por la organización Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 123 de 176 países analizados, al alcanzar 30 puntos de una escala en la que cero es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que el país retrocedió 28 posiciones en ese conteo en los recientes dos años, en el contexto de un fenómeno de corrupción que cuesta a México 347 mil millones de pesos al año, equivalentes a 9 por ciento de su producto interno bruto.
En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción –que se conmemora este 9 de diciembre–, la CNDH recalcó que este delito perjudica gravemente el ejercicio efectivo de los derechos humanos, ya que en la medida en que se hace presente en la sociedad, se precariza el cumplimiento de la ley y la exigibilidad de los derechos fundamentales.
Por tal razón llamó a las autoridades de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil a unir fuerzas y rechazar hasta su erradicación total las prácticas de corrupción, que afectan la calidad de vida de la población al generar injusticia, pobreza, exclusión y desigualdad.
El combate a delito, agregó la CNDH, debe acompañarse con el ejercicio y asignación transparente de los recursos públicos con enfoque de derechos humanos, que priorice la atención a grupos vulnerables y ponga en práctica acciones que fortalezcan de manera progresiva los derechos y el acceso a oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.
En este sentido, el organismo de defensa de las garantías básicas urgió al Senado a nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que su ausencia ha impedido la puesta en marcha de diversas funciones específicas, así como también el nombramiento de los titulares de las unidades operativas en que se dividirá el trabajo de la fiscalía y de los agentes ministeriales.
La ausencia de uno de los imputados retrasó el proceso hasta el 22 de octubre
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