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Astrid Sánchez
11/11/2026 | Mérida
“Ningún permiso para destruir” es el nombre y la consigna de la iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, ante el pleno del Congreso de Yucatán, con la que propone endurecer las disposiciones para proteger el territorio, impedir que se autoricen obras después de ocasionar daños ambientales y obligar a quienes destruyan ecosistemas a asumir los costos de su restauración.
Durante la presentación, la legisladora cuestionó que autoridades y representantes políticos suelen pronunciarse a favor del medio ambiente, pero retroceden cuando protegerlo implica poner límites a los intereses empresariales, negar permisos o asumir el costo político de enfrentar a quienes dañan el territorio.
“Todos quieren defender al medio ambiente, siempre y cuando no les cueste políticamente”.
Acosta señaló que las decisiones que se toman desde el gobierno pueden tener consecuencias que trascienden los periodos administrativos, pues una selva destruida, un manglar rellenado o una especie desaparecida no se recuperan con la llegada de una nueva administración, particularmente en Yucatán, donde las características del suelo kárstico hacen que los daños en la superficie tengan repercusiones directas en el agua subterránea.
La propuesta, construida a partir de un ejercicio de diálogo con activistas, especialistas y jóvenes que defienden el territorio, contempla impedir que una persona comience una construcción o rellene un manglar sin contar previamente con las autorizaciones correspondientes y después pretenda regularizar el daño ante las autoridades.
En caso de que se construya ilegalmente, plantea que el responsable tenga que demoler lo realizado y restaurar el ecosistema afectado con sus propios recursos, en lugar de trasladar a la ciudadanía las consecuencias de una actividad económica.
Otro de los planteamientos consiste en exigir que las evaluaciones ambientales no se realicen únicamente desde los escritorios, sino que incluyan verificaciones en campo, evidencia fotográfica y estudios que permitan observar los cambios de los ecosistemas durante distintas temporadas del año, especialmente en zonas vulnerables como manglares y dunas.
También propone establecer mayores controles para evitar conflictos de interés entre especialistas encargados de evaluar proyectos, quienes tendrían que acreditar su experiencia, demostrar que no tienen intereses involucrados y asumir responsabilidades cuando presenten información falsa.
La diputada rechazó que exigir mayores controles signifique frenar el desarrollo económico y sostuvo que ninguna inversión debe estar por encima del derecho de la población a un medio ambiente sano.
“Habrá quienes digan que esta iniciativa busca detener el crecimiento económico de Yucatán, que lo digan, pero que no confundan el desarrollo con la destrucción”.
Otras iniciativas
En la misma sesión, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó una propuesta para crear el Programa Estatal de Continuidad de la Atención y Protección del Gasto del Bolsillo, con el propósito de que las familias no tengan que asumir los costos de medicamentos, insumos o traslados ocasionados por fallas en los servicios públicos de salud.
El legislador expuso que familiares de pacientes del Hospital General Dr. Agustín O'Horán han reportado faltantes de medicamentos y materiales de curación, así como retrasos en estudios médicos, situaciones que han obligado a algunas personas a conseguir por su cuenta los insumos necesarios.
Su propuesta contempla tres mecanismos: que los Servicios de Salud de Yucatán proporcionen directamente los medicamentos e insumos indispensables o paguen a proveedores autorizados cuando exista desabasto; que reembolsen los gastos comprobados de quienes hayan tenido que comprarlos por su cuenta y que otorguen apoyos para traslados, alojamiento y alimentación cuando la reprogramación de una consulta, estudio o procedimiento obligue a los pacientes a realizar viajes adicionales.
Por otro lado, el diputado de Morena, Bayardo Ojeda Marrufo, presentó una iniciativa para incorporar a la Ley de Salud de Yucatán la obligatoriedad del tamiz cardiológico neonatal, una prueba que permite detectar oportunamente cardiopatías congénitas graves o críticas en recién nacidos.
La propuesta establece que el estudio se realice antes del alta hospitalaria y que, cuando no sea posible practicarlo por causas de fuerza mayor, las familias cuenten con un plazo máximo de 72 horas para acudir a un centro estatal de salud y recibirlo gratuitamente.
La iniciativa también contempla que el Poder Ejecutivo realice ajustes presupuestarios o convenios con la Federación para ampliar la cobertura, además de que la Secretaría de Salud implemente campañas de información y capacitación con perspectiva intercultural.
Punto de acuerdo
Uno de los principales debates de la sesión ocurrió durante la presentación de la propuesta de la diputada del PAN, Sayda Rodríguez Gómez, quien solicitó exhortar al gobernador Joaquín Díaz Mena a cumplir con la Ley de Gestión Integral de Residuos y acompañar técnica y financieramente a los 105 municipios que no cuentan con un relleno sanitario que cumpla con la norma correspondiente.
Esto, a raíz de los incendios registrados en distintos tiraderos municipales, incluido el de Yaxkukul, cuyo humo llegó a Mérida, para advertir sobre los riesgos que representan estos sitios para la calidad del aire, la salud de las comunidades y el agua subterránea.
Rodríguez señaló que únicamente Mérida cuenta con un relleno sanitario que cumple con la NOM-083, mientras que el resto de los municipios enfrenta dificultades para manejar adecuadamente sus residuos, por lo que pidió revisar los sitios de disposición final, retirar los desechos que corresponden al ámbito estatal, reactivar brigadas de apoyo y destinar recursos y capacitación para prevenir incendios.
Durante su intervención también criticó que las autoridades estatales reaccionen después de que ocurren emergencias y cuestionó que el anuncio de trasladar la basura de Yaxkukul a un relleno sanitario no sustituye la necesidad de establecer un convenio formal entre los municipios, con rutas, costos y responsables.
La presentación derivó en un intercambio con diputados de Morena, quienes cuestionaron la gestión de Rodríguez al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) en la administración pasada, particularmente por la falta de registros públicos de inspecciones, clausuras y sanciones a los basureros municipales.
La propuesta de Sayda Rodríguez fue rechazada por la mayoría de Morena.
