Claudia Herrera
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 25 de noviembre, 2017

Después de una polémica elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral concluyó que el priísta Miguel Ángel Riquelme no rebasó los topes de gastos de campaña y declaró la validez de los resultados para entregarle la constancia de mayoría como gobernador de Coahuila.

Podrá iniciar su gestión como gobernador el 1 de diciembre, luego de que los magistrados desestimaran cada una de las impugnaciones presentadas en contra del abanderado de la coalición Por un Coahuila Seguro por sus opositores.

Para llegar a este punto, los magistrados previamente eliminaron al exabanderado gastos por un monto de un millón 802 mil pesos y dejarlo en 19 millones 212 mil pesos, o sea 0.16 por ciento menos que el tope fijado en 19 millones 242 mil pesos.

Esta cantidad contrasta con la última determinación tomada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que colocó a Riquelme con un rebase de los topes equivalente a 9.2 por ciento y la posibilidad de que se repita la elección, como exige su principal opositor, el panista Guillermo Anaya.

Seis de siete magistrados votaron a favor de quitarle parte de los gastos que el INE le había sumado por 84 videos y el pago a 388 representantes de casilla supuestamente no informados a la autoridad electoral.

Antes de esta sesión, las erogaciones del priísta ascendían a 21 millones 014 mil 700 pesos, pero con estas rebajas quedó 30 mil 319 pesos por debajo de los límites de erogaciones para ser gobernador.

La magistrada presidenta Janine Otálora Malassis, así como Mónica Soto, José Luis Vargas, Indalfer Infante, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata revocaron varias resoluciones de la autoridad electoral y como suele ocurrir en esta nueva integración, Reyes Rodríguez Mondragón fue la voz disonante. De la Mata ni siquiera argumentó sus votaciones.

En su momento, el INE sumó al abanderado de la coalición Por un Coahuila Seguro un millón 426 mil 800 pesos por 84 videos subidos a internet y redes sociales que no fueron reportados, sin embargo la ponencia de Vargas consideró que no acreditó apenas dos por un monto de 34 mil 800 pesos.

Según este magistrado los costos de estos videos sí fueron pagados pero “artificiosamente” se dijo que no, según una factura entregada por la empresa Atelier Espora, además advirtió que el INE no le dio derecho de audiencia a Riquelme para que presentara sus aclaraciones al respecto.

El Tribunal Electoral también le restó al priísta 375 mil 641 pesos de 501 mil pesos que el instituto le había sumado, porque no validó 388 comprobantes de representantes partidistas y de casilla que dijeron haber trabajado de manera gratuita durante la jornada electoral.

Durante la sesión se registró un encontronazo entre los magistrados Vargas y Rodríguez Mondragón. El primero acusó de tomar unas “intempestivas vacaciones” y el segundo replicó que avisó con anticipación.

Luego se presentó la ponencia, redactada por la magistrada Soto, que desestimó cada uno de los temas impugnados por los adversarios del priísta.

Otálora Malassis adujo que “no se aportaron pruebas suficientes para demostrar la existencia de irregularidades graves que pusieran en riesgo el proceso electoral”.

Advirtió que los jueces no juzgan a partir de lo que dicen los medios de comunicación ni presiones que condenan rotundamente sea en redes sociales o bajo cualquier otra forma.

Pidió que sus decisiones no se interpreten bajo coordenadas de ganadores o perdedores o que puedan traducirse en términos de izquierda o derecho, conservadores o progresistas. “Obedecen a razones del derecho”, según la magistrada.


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