Gustavo Castillo
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya
Cuidad de Méxo
Viernes 3 de noviembre, 2017
Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en la Ciudad de México a Alejandro Rassam Baroudi, un empresario vinculado con una red internacional de contrabandistas de mercancías textiles y operaciones con recursos de procedencia ilícita que eran realizadas en México.
La PGR informó que Rassam Baroudi era “líder de una red delictiva internacional vinculada en la utilización de diferentes esquemas para introducir textiles de manera ilegal al país”.
La institución ministerial dio a conocer, sin dar información precisa del número de detenidos, que la “Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, a través del Ministerio Público de la Federación, ejerció acción penal en contra de esta y otras personas más, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La investigación se realizó en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoridades de los Estados Unidos.
Según la PGR, durante las indagatorias se descubrieron “al menos tres distintos esquemas de operación, principalmente, el contrabando al no retornar las mercancías importadas temporalmente bajo el programa IMMEX, cambiando en los textiles las etiquetas de origen (provenientes de países asiáticos, principalmente China), por otras de Estados Unidos y supuestamente importarlas mediante empresas fachada, ello bajo el amparo del TLCAN, igualmente utilizaban facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen”.
El modus operandi de esta organización delictiva consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas y éstas eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.
”Para la creación de éstas, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras y utilizaron el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emitían las facturas falsas”, indicó el Ministerio Público Federal.
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