Gustavo Castillo
Captura de pantalla
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 7 de septiembre, 2017
La reconstrucción cartográfica e interactiva de los ataques ocurridos en Iguala en contra de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 desmiente la versión oficial de lo sucedido con los estudiantes y la manera en que oficiales del Ejército dieron seguimiento puntual a las agresiones, la presencia de al menos cinco patrullas de la Policía Federal, así como del involucramiento de policías municipales de Huitzuco y Cocula, en coordinación con personal de la policía de Iguala y miembros de Guerreros Unidos.
También revela la importancia que tenían las grabaciones tomadas por cámaras del Palacio de Justicia y que fueron destruidas y con las cuales se habría documentado que entre 12 y 15 estudiantes fueron privados de su libertad y luego desaparecidos frente a esas instalaciones judiciales y no como lo señala la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR), de que los 43 fueron secuestrados en los ataques ocurridos en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico.
Lo anterior, a partir de los peritajes realizados por integrantes de la organización Forensic Architecture, una organización independiente que desarrolla su trabajo en la Universidad de Goldsmiths, en Londres, y cuyo estudio se titula El Caso Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, realizado desde diciembre de 2015 y cuyos resultados iniciales fueron presentados en instalaciones del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro.
El estudio se realizó con base en la comparación de aquellos datos que forman parte tanto de los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cómo de los archivos de la investigación de la PGR, y en esta cartografía, cuyos resultados pueden consultarse en la página web: www.plataforma-ayotzinapa.org, evidencia las contradicciones que existen entre los testimonios de los estudiantes sobrevivientes a los ataques, la llamada verdad histórica y lo documentado en las indagatorias realizadas por expertos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que este trabajo demuestra "los grandes vacíos que tiene la investigación oficial", y consideró que el trabajo realizado por los investigadores independientes es la "más acabada reconstrucción visual integral" de lo sucedido en Iguala y revela que "el Estado ha sido incapaz de generar una narrativa articulada y veraz".
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