Impunes, desapariciones forzadas en Michoacán

Ernesto Martínez Elorriaga
La Jornada Maya

Morelia, Michoacán
Miércoles 30 de agosto, 2017

Son más de 20 y tienen algo en común: padres, hijos, hermanos o tíos desaparecidos de 2006 a la fecha. Todas son mujeres y forman parte de la organización Familiares Caminando por Justicia (FCJ).

Según organizaciones de derechos humanos, unas 300 personas han sido desaparecidas en Michoacán desde ese año; en 51 casos se considera que fueron desapariciones forzadas porque participaron autoridades federales, estatales y municipales. Sin embargo, a decir de FCJ, esa cifra sólo equivale, cuando mucho, a 10 por ciento, pues la mayoría de los familiares no denuncia por miedo.

Algunos funcionarios han tratado de criminalizar a los parientes de las denunciantes y a ellas, pero no nos van a callar. Les decimos a quienes gobiernan que estamos indignadas, ofendidas, lastimadas, pero no pararemos hasta encontrarlos, no importa cómo, indicó Mercedes Ruiz González, madre de Alejandro Ortiz Ruiz, a quien no ha visto desde el 29 de noviembre de 2010.

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y ellas aprovechan para hacer un reclamo a las autoridades, al gobierno, que ha sido omiso, tanto en las investigaciones como en la búsqueda. Es una fecha para reclamar verdad y justicia.

Consideró increíble que los familiares tengan que investigar y poner en riesgo sus vidas para tratar de recabar pruebas y encontrar a sus seres queridos, desaparecidos por elementos de seguridad. Recordó que lo mismo ocurre en Sinaloa, donde recientemente una mujer, tras años de búsqueda, encontró los restos de su hijo en una fosa clandestina.

“Nos sentimos mal cuando nos manifestamos en la calle y la gente nos ofende y grita ‘huevonas’, cuando no tienen idea de lo que hemos pasado. Por eso buscamos nuevas formas de lucha, como bordar en servilletas los rostros de nuestros hijos y ofrecer pláticas en instituciones de educación superior.”

Hace siete años su hijo, un abogado que tenía 27, desapareció en el tramo Lázaro Cárdenas-Apatzingán junto con su socia, Vianey Heredia Hernández. Ambos atendían un asunto relacionado con explotación de minas.

De nada sirvió que en 2010 interpusiera la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Lo único que supimos es que la última llamada de mi hijo fue cerca de la zona militar de Apatzingán, aunque la sospecha es que fueron policías locales quienes se lo llevaron.

Mercedes Ruiz recuerda que a su hijo le gustaba la poesía y no tenía problemas con nadie.

Otra integrante de FCJ, Bertha Corona Banderas, cuenta que su hijo Patricio desapareció junto con sus tíos Simón, Rigoberto y un amigo de ambos no identificado en un retén de la policía municipal cerca de la cabecera de Turicato, el 23 de septiembre de 2009. Supieron que fue en ese lugar porque un familiar de ellos pasó minutos después. A él sólo le robaron su teléfono celular, pero no le hicieron nada porque llevaba a un niño de cinco años. Eso creemos.

Patricio estaba de visita con sus tíos en Los Llanitos de Cucha y los acompañó a Turicato a entregar un escrito relacionado con material para la restauración de una iglesia. De regreso los hicieron parar en el retén. Cuando la gente de Los Llanitos fue a preguntar por el documento, la gente de Turicato les dijo que dejara las cosas como estaban y no le movieran al avispero.

La única denuncia que le permitieron presentar fue un acta circunstanciada en Tacámbaro. Patricio, de 29 años, carpintero, vivía en Morelia con su madre. Mi hijo es un joven trabajador. A veces se echaba una copita y le gustaba convivir con sus amigos, pero sanamente, apuntó Bertha.

Evangelina Contreras Ceja, por su parte, cuenta que su hija Tania desapareció de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, el 11 de julio de 2012. Iba acompañada de su padre, quien tenía poco de haber llegado de Estados Unidos. Sólo se sabe que se la llevaron policías municipales y criminales.

Laura Orozco también está en el FCJ porque su padre Leonel y su hermano, del mismo nombre y 17 años de edad, fueron desaparecidos, el primero en 2008, y el segundo en abril de 2009. A pesar de haber pagado rescate por ambos, no los volvió a ver. El caso se relaciona con despojo de huertas de aguacate y los responsables fueron autoridades federales, asevera.