Jessica Xantomila
Foto: Afp
La Jornada Maya

Jueves 18 de mayo, 2017

En el Día Nacional contra la Homofobia, organizaciones y activistas en favor de los derechos de la población lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI) aseguraron, en entrevista, que a un año de que fueron planteadas las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto, que incluían el matrimonio igualitario, no fueron cumplidas en su totalidad.

Además, "resurgió la oposición no sólo de su partido, sino de un movimiento social de ultraderecha, respaldado por las iglesias y los empresarios", señaló la activista Patria Jiménez.

Iván Tagle, director general de la asociación civil [i]Yaaj[/i], afirmó que "la política de este país está muy estancada y, desafortunadamente, hemos visto un levantamiento, como no había ocurrido en décadas, de una ola conservadora que busca impedir el avance en materia de derechos e igualdad de la población LGBTTTI".

"El matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no fue dictaminado por la cerrazón de los partidos, incluido el Revolucionario Institucional; además, el Presidente no hizo el suficiente esfuerzo por defender su propia iniciativa", indicó Alejandro Brito, director de [i]Letra S[/i], suplemento publicado por [i]La Jornada[/i].

Patria Jiménez, por su parte, afirmó que debido a esta propuesta incluso legislaciones estatales intentaron cambiar sus códigos civiles para determinar que el matrimonio tenía que ser entre una mujer y un hombre.

Alejandro Brito indicó también que el gobierno federal quedó debiendo en lo educativo, ya que Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no hizo nada para incluir el tema de la diversidad sexual en el currículo escolar, cediendo a estos grupos antiderechos.

[b]Retroceso[/b]

Señaló que éste es un retroceso, pues sin la participación de la SEP poco se va lograr para terminar con la intolerancia hacia la diversidad sexual. De igual manera, precisó, falta que presenten la campaña masiva que prometieron para sensibilizar a la población en general sobre las diversas homofobias” que afectan a este sector.

No obstante, los especialistas reconocieron el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores no sólo en mostrar una participación más activa en cuanto a temas internacionales relacionados con la agenda de la diversidad sexual, sino también para la emisión de pasaportes, al validar documentos en los que quede señalado el cambio de género de las personas.

De igual manera, en el Foro insurrect, aquelarre de ideas sobre diversidad sexual, representantes de organizaciones subrayaron la importancia de la reunión de hace un año con el presidente Peña Nieto y que dentro de las posibilidades de garantías hay avances.

En el acto, organizado por Horizontal y Desastre, Gloria Careaga, de Fundación Arcoiris, precisó que el movimiento también se tornó complejo, porque surgieron muchos líderes y falta profesionalización.

En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instaron a los legisladores federales y locales a avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGBTTTI en todo el país, con base en el principio de igualdad y no discriminación.

Mediante un oficio, Alexandra Haas Paciuc, titular del Conapred, y Luis Raúl González Pérez, de la CNDH, se dirigieron a los presidentes de las mesas directivas de los congresos estatales, a los que solicitaron impulsar y hacer posibles las reformas necesarias en favor de la diversidad sexual y de género del país.

De acuerdo con un reporte de Letra S, Sida, cultura y vida cotidiana, en los pasados tres años, 202 personas LGBTTTI, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México presuntamente por la orientación sexual o la identidad o expresión de género de las víctimas.

De esos asesinatos, 108 corresponderían a mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales).

Cuatro estados de la República concentran la tercera parte del total de asesinatos: Veracruz, con 22, el estado de México y Quintana Roo, con 15 cada uno, y Chihuahua con 14.


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