Gustavo Castillo
Foto: Víctor Camacho
La Jornada Maya
Ciudad de Guatemala
Miércoles 19 de abril, 2017
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, escuchó en la sala 1 del Quinto Tribunal Penal, que el gobierno mexicano lo solicita en extradición para que sea juzgado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fiscal del Ministerio Público expuso las acusaciones de México contra el detenido, según las cuales Duarte fue gobernador de 2010 a octubre de 2016, y durante su mandato realizó un complejo sistema para ingresar recursos al sistema financiero tratando de ocultar que era capital proveniente de recursos públicos.
La investigación del ex gobernador inició por la venta de terrenos en el estado de Campeche, logrando determinar que desde que comenzó su mandato "invitó" a varios de sus amigos para hacer inversiones, entre ellos Moisés Manzur, Rafael Rosas Bocardo, Alfonso Ortega López, quien se encargó de buscar las oportunidades de inversión.
Ortega, Rosas Bocardo y Manzur sirvieron de prestanombres, añadió la acusación.
Alfonso Rosas Ortega declaró que el 31 de diciembre de 2010 en un departamento del conjunto Finesterre, y durante una fiesta que allí se realizó, se establecieron acuerdos para adquirir departamentos con recursos del gobierno de Veracruz.
En febrero de 2011 una inmobiliaria creada para ocultar las transacciones de Javier Duarte, ordenó la compra de terrenos para construir su residencia de retiro.
Javier Duarte reconoció, al iniciar esta audiencia, que llegó a Guatemala desde hace seis meses, prácticamente el mismo tiempo en que se libró la orden de aprehensión en su contra.
El ex gobernador dijo que no cuenta con domicilio establecido en este país y que su domicilio se encuentra en Veracruz.
El magistrado presidente del quinto tribunal, César Adán García, le informó a Duarte que no tiene la obligación de contestar ninguna pregunta respecto a las acusaciones que le formuló el gobierno mexicano, y que no será juzgado en Guatemala por los delitos que se le imputan.
Los fiscales le dieron a conocer las declaraciones de Alfonso Rosas Ortega, en las cuales imputa la creación de empresas fachada para desviar recursos del gobierno del estado de Veracruz.
Asimismo, la manera en que se entregó dinero a empresas bien establecidas para que se fondearan y luego fingieran haber sido beneficiadas con contratos públicos, pero las compañías se quejaron porque los empresarios no tenían manera de justificar la emisión de las facturas.
En ese contexto José Juan Janeiro Rodríguez conoció que a las empresas legales recibieron más de 350 millones de pesos.
En las acusaciones formuladas por el gobierno mexicano, se menciona que Duarte de Ochoa se molestó porque le parecía "increíble" que sus operadores financieros no pudieran arreglar la entrega de facturas para justificar los desvíos de recursos públicos.
Los 350 millones fueron utilizados para operaciones personales del ex gobernador y de Moisés Manzur, su principal operador financiero.
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