Silvia Chávez González
Foto: Cuartoscuro / Archivo
La Jornada Maya
Cuautitlán, México
Sábado 18 de febrero, 2017
Andrés Manuel López Obrador se negó a responder al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, quien ayer le exigió ofrecer una disculpa al Ejército y a la Marina al acusarlos de cometer una masacre en Nayarit durante el operativo en el que fueron ultimados Juan Francisco Patrón Sánchez, El [i]H-2[/i], y siete personas más.
¿Quién es ése?, preguntó el dirigente del partido Morena cuando se le solicitó su opinión sobre la petición del político priísta, quien dijo ayer: López Obrador debe ofrecer una disculpa pública al Ejército y a la Marina. Los hombres y las mujeres que integran las fuerzas armadas arriesgan sus vidas para defender libertades y la seguridad del pueblo de México.
El dirigente priísta, en un comunicado, acusó al tabasqueño de pretender que los marinos y militares son malos, y buenos los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.
Los reporteros insistieron:
–¿No le va a responder al dirigente del PRI?
–No, no lo conozco. ¿Quién es? –dijo.
López Obrador reiteró que desde hace 10 años en el país existe una terrible violencia debido a la absurda e inhumana política aplicada desde el sexenio de Felipe Calderón y que continúa con el presidente Enrique Peña.
Estados Unidos ha cooperado con el envío de helicópteros artillados y armas al país. En esta lucha han muerto muchos y hay más de un millón de víctimas, incluyendo a quienes sufren la pérdida de sus familiares y muchos han desaparecido, aseguró. Calderón y Peña han convertido al país en un cementerio, remató.
En Coyotepec, López Obrador pidió a las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal investigar a los implicados en el hallazgo de 4 millones de pesos en un vehículo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento de dicha dependencia.
En México, dijo, 80 millones de personas viven en condiciones de pobreza y ello tiene su origen, entre otros aspectos, en la corrupción y en una política económica que vela por los intereses de una minoría y coarta el desarrollo del país y de los jóvenes que se ven tentados a irse con las bandas de delincuentes.
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