Gustavo Castillo y César Arellano
Foto: PGR
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 19 de enero, 2017

Tras ser repatriado a México, el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid fue encarcelado en una prisión federal que se localiza en el municipio de Villa de Ayala, en el estado de Morelos, para cumplir una condena de 22 años de prisión.

Contrario a lo que la defensa del ex mandatario había solicitado, que era su envío a prisión domiciliaria, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), determinaron su encarcelamiento en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), donde se atiende a los presos federales que padecen enfermedades crónicas de tipo mental o físico.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno federal, en el Ceferepsi se le brindarán las condiciones necesarias para que reciba atención médica adecuada, ya que padece la Enfermedad Pulmonar de Oclusión Crónica (EPOC).

Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999, y durante su mandato fue investigado por nexos con el [i]cártel[/i] de Juárez, organización criminal que estuvo encabezada por Amado Carrillo Fuentes hasta 1997, pero mantuvo vínculos con Ramón Alcides Magaña, [i]El Metro[/i], uno de los principales operadores de esa organización criminal.

[b]En junio de 2007 un juez ordenó que fuera liberado[/b]

El ex gobernador se convirtió en prófugo de la justicia el 27 de marzo de 1999, días antes de concluir su mandato, y durante dos años estuvo prófugo de la justicia mexicana, hasta que en mayo de 2001 fue detenido en Cancún por elementos de la PGR y del Ejército Mexicano.

Tras su detención, fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en ese entonces La Palma, en Almoloya de Juárez, donde se le abrió proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

El 20 de junio de 2007, un juez federal ordenó su liberación al ser exonerado de la comisión de delitos de narcotráfico, y al salir del Cefereso número 1 fue reaprehendido y puesto a disposición de un juez en la Ciudad de México, para responder por otras acusaciones en territorio nacional, y ante la posibilidad de que se solicitara su extradición a Estados Unidos.

Durante casi tres años, mientras se desahogó la apelación a la sentencia absolutoria, el gobierno estadunidense pidió su extradición, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y narcotráfico.

El 8 de mayo de 2010 las autoridades mexicanas concluyeron los trámites para su extradición y fue entregado para que se le juzgara por delitos contra la salud y asociación delictuosa en la corte federal del distrito sur de Nueva York.

Villanueva Madrid sería condenado a 20 años de cárcel en Estados Unidos, pero logró que le disminuyeran la sentencia en agosto de 2012, al reconocer que durante su mandato recibió entre mil y 500 mil dólares por cada cargamento de cocaína que el [i]cártel[/i] de Juárez movía en Quintana Roo.

Su declaración permitió que de las 20 acusaciones que tenía en Estados Unidos, sólo una quedara firme y le perdonaran las otras, recibiendo a cambio una sentencia de seis años de cárcel por lavado de dinero.

Ayer, a las 12:40 horas, Mario Villanueva Madrid fue repatriado a México, donde elementos de Interpol cumplimentaron una orden de reaprehensión, para que enfrente la sentencia de 22 años por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Esta condena fue emitida en segunda instancia, dentro del proceso penal 101/2003 del juzgado tercero de distrito, con sede en el estado de México.

Luego de una revisión médica, Anselmo Apodaca, coordinador general de servicios periciales de la PGR, informó que Villanueva Madrid presenta EPOC, pero el padecimiento está controlado, y que para ello tiene prescrito un medicamento y utiliza inhaladores, sin que sea necesario que use de manera permanente un tanque de oxígeno, como señalaron sus abogados.

Villanueva Madrid –de 68 años de edad– fue trasladado por tierra al Ceferepsi, y al menos pasarán dos años antes de que pueda solicitar la prisión domiciliaria.


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