Aguda crisis en DH durante 2016

Fernando Camacho Servín
Foto: Ap
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 31 de diciembre, 2016

El 2016 fue un año "marcado por la agudización de una crisis de derechos humanos ante la que el Estado mexicano ha hecho oídos sordos", y una muestra de ello es que tan sólo de enero a agosto fueron asesinados 47 defensores de derechos humanos, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

En un recuento del año, la Red manifestó que dichas cifras reflejan la gravedad del riesgo cotidiano que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo en entidades como Oaxaca, en donde fueron asesinadas 19 activistas, o Veracruz, en donde fueron asesinados 12.

Lo anterior se suma a las descalificaciones públicas -con "claros componentes de violencia de género- de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que analizaron la investigación gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo propósito era minar la credibilidad de los especialistas.

Además, agregó la Red TDT, la campaña de criminalización y desprestigio en contra del movimiento magisterial fue uno de los hechos más graves del año. "Su punto más agudo se dio con la agresión por parte de fuerzas policíacas de orden estatal y federal en contra de profesores y pobladores en la comunidad de Nochixtlán, en donde ocho personas defensoras fueron privadas de la vida".

Esta situación de vulnerabilidad para los defensores de derechos humanos "se vincula muy claramente con el proceso de despojo que viven algunas comunidades en torno a los megaproyectos que violan derechos de las personas habitantes de distintas comunidades", entre ellas las de Coyotepec, San Salvador Atenco, Xochicuautla y Tecámac, todas ellas en el Estado de México.

Por último, la Red TDT mencionó que a este "recuento de injusticias" se deben sumar los intentos de diversos grupos de interés para favorecer la impunidad, con la propuesta de imponer a Raúl Cervantes como titular de la Fiscalía General de la República, las iniciativas que pretenden darle un marco jurídico a las labores de seguridad pública que realiza el Ejército y el intento de generar leyes para decretar el estado de excepción.