Laura Poy Solano
Foto: Twitter @AMMFEN_OFICIAL
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 9 de marzo, 2020

La Alianza por la Salud Alimentaria se congratuló por la decisión del 21 tribunal colegiado de circuito en materia administrativa que revocó por unanimidad la suspensión dictada en favor de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) en contra de la NOM 051, que establece un nuevo etiquetado para alimentos procesados.

Katia Yetzani García, coordinadora de Salud Alimentaria de la organización, destacó que con esta decisión se avanza en el acceso a un etiquetado de advertencia claro para el consumidor, quien podrá determinar, de forma informada, qué alimento prefiere.

En entrevista, destacó que una vez que la NOM 051 se publique en el Diario Oficial de la Federación "se tendrá un plazo para que las empresas modifiquen sus empaques, pero si no hay más amparos y obstáculos que traten de impedir su implementación, a finales de este año tendríamos los primeros alimentos con el nuevo etiquetado".

Agregó que las autoridades sanitarias del país también se comprometieron a realizar una campaña de información entre la población para dar a conocer el nuevo etiquetado de advertencia, y que la población conozca sus derechos a acceder a alimentos más saludables.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló que "la gran industria de las bebidas endulzadas y productos comestibles ultraprocesados se acostumbró a dictar las normas y no ha soportado un proceso democrático y transparente apegado a la legislación en el cual no tuvo mayoría".

En un comunicado, destacó que el 1º de marzo se anunció la suspensión provisional de la NOM 051, lo que generó el rechazo de organizaciones de la sociedad civil, dependencias federales y organismos internacionales que llamaron al Poder Judicial a "proteger los derechos de los ciudadanos y el interés superior de la infancia frente a los intereses comerciales y económicos".

Javier Zúñiga, coordinador del área legal en El Poder del Consumidor, destacó que la decisión de revocar la suspensión "no sólo protege el derecho a la salud de las personas frente a los intereses de las industrias, también refuerza lo que desde la sociedad civil y la academia se ha mencionado: por primera vez tenemos un proceso democrático basado en evidencia científica y la industria utilizará cualquier mecanismo para bloquearlo".


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