La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nació el 6 de junio de 1990 como un organismo desconcentrado del gobierno federal y es parte del seguimiento a una petición de la creación de la “Procuraduría de los Pobres”, que data del año 1847, iniciativa promovida por el diputado y abogado Ponciano Arriaga.
A 31 años de su creación, el organismo encargado de proteger y defender los derechos humanos, avalado por la constitución desde 1992, tiene al menos 18 atribuciones que brindan a la ciudadanía respaldo frente a comportamientos negligentes de las autoridades.
Entre estas funciones se encuentra la recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, la posterior investigación y, en caso de proceder, la formulación de recomendaciones a las autoridades respectivas.
La CNDH investiga actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal. Por ejemplo, si un servidor público ayuda a una persona a cometer algún delito o si un funcionario se niega a ejercer sus funciones relacionadas con este ilícito.
La comisión también indaga los casos en los que un servidor público comete alguna conducta que afecta la integridad física de las personas.
El organismo no sólo investiga las quejas, también procura la conciliación entre el denunciante y la autoridad señalada como responsable.
En su trabajo como impulsora del respeto a los derechos humanos, la CNDH también tiene la capacidad de promover modificaciones a las leyes y reglamentos que a su juicio deriven en mejoras a la protección de estas garantías.
La CNDH también supervisa el sistema penitenciario y de readaptación social del país para verificar que no se incurra en actos violatorios.
A pesar de todas estas acciones, cabe destacar que las recomendaciones de la CNDH son autónomas y no vinculatorias, lo que quiere decir que no tienen ninguna repercusión legal.
Las resoluciones, además de señalar la responsabilidad de la autoridad en la violación a los derechos humanos, sirven para indicar de qué manera se puede reparar el daño y para solicitar la aplicación de la sanción correspondiente.
Las autoridades que se nieguen a cumplir con las recomendaciones de la CNDH pueden ser llamadas a comparecer ante el Senado.
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