Martín Sánchez
Legisladores locales avalaron ayer en comisiones, reformas a la Constitución estatal para otorgar seguridad al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca por los próximos seis años, a partir de que deje el cargo, con el argumento de que podría enfrentar represalias por haber combatido durante su gestión a grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Según la propuesta, el mandatario tendría escoltas y vehículos oficiales blindados a su disposición con cargo al erario; en caso de que sea necesario estas medidas podrían ser prorrogables.
La misma protección se daría a otros servidores públicos cuando terminen sus funciones en la administración actual, entre ellos al secretario general de Gobierno, César Verástegui; el de Seguridad Pública, Jorge Ontiveros, así como al fiscal de la entidad, Irving Barrios.
La iniciativa de reforma fue presentada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Florentino Sáenz Cobos, y fue avalada con tres votos a favor –dos del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del PRI–, contra dos de Morena.
El documento fue recibido el lunes y turnado a la Diputación Permanente; en éste, se plantea adicionar un párrafo a la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución de Tamaulipas.
“El estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, señala.
Los diputados de Morena Esther García Ancira y Eliud Almaguer Aldape pidieron precisar el periodo en que el estado pagará estos servicios, pues advirtieron que al ser prorrogable el plazo, podría extenderse hasta ser vitalicio; “¿quién calificará las situaciones de riesgo?”, cuestionaron.
Argumentaron que por tratarse de un beneficio debe ser retroactivo a los últimos cuatro ex gobernadores, a quienes se les retiró la seguridad en 2017 por iniciativa del propio Cabeza de Vaca.
Este viernes se tiene programada una sesión extraordinaria para discutir y votar el dictamen por el pleno del Legislativo.
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