Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México, organizaciones civiles denunciaron la criminalización por parte de actores de los tres niveles de gobierno.
Las denunciantes afirmaron que la protesta social es estigmatizada y criminalizada en el país, al grado de que manifestantes son objeto de constantes abusos y violencias.
Las organizaciones Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, comparecieron ante la CIDH para denunciar que las manifestaciones feministas se han realizado bajo un contexto patriarcal caracterizado por una fuerte violencia contra las mujeres y niñas.
“Estas violencias patriarcales, como el uso indebido de la fuerza, violencia sexual e incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital, se han visto exacerbadas en el contexto de las protestas sociales feministas”, destacó Artículo 19 en un comunicado.
Las denunciantes aseguran que durante 2020 y 2021 se documentó represión policial durante manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 entidades y en todos los casos, durante las detenciones hubo violencia física, sicológica, abuso verbal y sexual en contra de las manifestantes.
La queja señala que estas violaciones nacen por el uso indebido del derecho penal, el proceso de militarización por el que atraviesa el país y la aprobación de marcos normativos que posibilitan la criminalización de la protesta social.
Un ejemplo de estos marcos normativos, señalan las organizaciones, es la publicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en 2019, la cual faculta al Estado para actuar contra protestas que considere violentas.
“Las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, violando el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”, advierten las organizaciones denunciantes.
Incluso destacan que intervenciones públicas y performativas son calificadas como actos vandálicos, lo que genera un ambiente hostil hacia las mujeres y deslegitima su activismo.
Esta criminalización, acusan, propicia el hostigamiento y acoso en línea por parte de terceros, quienes amenazan, incluso de muerte, a las manifestantes.
Al respecto, Pedro Vaca, relator de la CIDH para la Libertad de Expresión, admitió que no existen suficientes programas de capacitación policial para que no se fomente la estigmatización de la protesta.
El Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) que participó en la audiencia hizo un llamado al Estado mexicano a reconocer la legitimidad de las protestas feministas y solicitó que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.
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