ONU aprueba resolución de México contra el tráfico de armas

Con 12 votos a favor y 3 abstenciones, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la resolución propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico ilegal de armas, informó la Misión Permanente de México ante ese organismo internacional.

"Los conflictos actuales en el mundo tienen un común denominador: el tráfico y el desvío de armas que alimentan y sostienen a aquellos actores que prefieren la vía de la fuerza por encima del diálogo y la negociación", aseguró el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, luego de que la resolución fuera aprobada.

El diplomático mexicano recordó que México ha insistido al Consejo de Seguridad de la ONU que lleve a cabo medidas más sólidas para luchar contra ese problema.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard celebró la decisión del organismo en sus redes sociales.

"Se decía que una resolución de esta naturaleza era imposible e impasable para que se considerara en el Consejo de Seguridad. Hoy es una realidad: es un gran triunfo para la causa de México. Lo que buscamos es reducir el tráfico y la disponibilidad de armas en nuestro país. Esta resolución nos ayudará para eso", comentó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Entre las medidas que propuso el Gobierno mexicano para combatir los flujos ilegales de armas, está una mayor vigilancia a las compañías armamentistas, las cuales "deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse de que las que son fabricadas legalmente no lleguen a manos criminales".

La resolución de México es parte de una estrategia de gran calado de la administración de López Obrador para disminuir los índices delincuenciales en el país.

En agosto pasado, el Gobierno mexicano, a través de la Cancillería que encabeza Ebrard, demandó a varias compañías privadas productoras de armas en Estados Unidos, por supuestamente realizar "prácticas intencionales y negligentes" que alientan las actividades del crimen organizado en México.

Edición: Mirna Abreu