Eduardo Murillo
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de siete implicados, incluso ex funcionarios federales, en el operativo Rápido y Furioso, que entre 2006 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de 2 mil armas de fuego a territorio mexicano.
Entre los señalados se encuentran Luis Cárdenas Palomino, ya preso en México por otros delitos y Genaro "G", quien está encarcelado en los Estados Unidos.
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También se libró la orden de aprehensión contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, asimismo preso y sentenciado en Estados Unidos.
En estos dos últimos casos, las autoridades mexicanas solicitarán a sus homólogos estadunidenses notificar oficialmente a los detenidos, e iniciarán un procedimiento de extradición para juzgarlos en México.
Rápido y Furioso fue un operativo propuesto por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) estadunidense, para permitir el contrabando de armas, a las cuales se les incluyó un chip que supuestamente permitiría rastrearlas, sin embargo, una vez en México fue imposible localizarlas todas, y varias de ellas se utilizaron para cometer diversos delitos.
La FGR señaló que “de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.”
La dependencia añadió que las autoridades estadunidenses ya se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de ex servidores públicos de ese país en este caso.
“En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, añadió la FGR.
De otros ex funcionarios por quienes se solicitó órdenes de aprehensión, sólo se informó que se trata de personas que aún están en libertad, y por ello no se dio sus nombres, para evitar que se den a la fuga.
La demanda del gobierno de México en tribunales estadunidenses en contra de fabricantes de armas ha puesto al operativo Rápido y Furioso como ejemplo de la facilidad con que arsenales completos pueden ser adquiridos sin problemas en el vecino país del norte para ser usados en nuestro territorio por los grupos del crimen organizado.
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