Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Morena planteó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se indague y sancione, incluso penalmente, la sustracción de un menor por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú.
Al presentarse un punto de acuerdo, ese partido reclamó una “sanción ejemplar para esta pareja de funcionarios superfluos” y cuestionó que, a pesar de la rigidez en los requisitos de adopción de menores, las autoridades del estado les permitieron tener en su casa, y exhibir en sus redes, al menor.
La propuesta plantea que se solicite al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a sus homólogos de la entidad, “a promover cualquier acción administrativa o incluso de carácter penal, respecto de las personas responsables de permitir la salida por un fin de semana, con presuntos fines de convivencia familiar, de un niño del albergue del DIF Capullos, al domicilio de Rodríguez Cantú y de su esposo Samuel García”.
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También se platea investigar “la exposición del menor a las redes sociales, a fin de fincar las responsabilidades administrativas que correspondan y presentar denuncias penales por las posibles conductas constitutivas de delito”.
En la propuesta se recuerda cómo, el 14 de enero, la titular de la oficina “Amar a Nuevo León”, Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, difundió en su cuenta en Instagram, que solicitó y obtuvo un permiso de convivencia domiciliaria por un fin de semana, con un niño, que se encontraba en el DIF Capullos de Nuevo León, sin tener ningún vínculo familiar o jurídico.
El menor fue extraído “bajo el argumento de que ella y su familia habían establecido un fuerte vínculo afectivo con el niño. Situación a todas luces irregular, pues en la página del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez”.
La legisladora de Morena refiere que el DIF de Nuevo León, en su portal informativo, indica que una solicitud de convivencia permite “mantener el vínculo afectivo de una niña, niño o adolescente, con su familia de origen o extensa”, pues con esta actividad se busca “restituir el derecho de los infantes a vivir en un entorno familiar libre de violencia de manera indefinida”.
No obstante, el gobernador y su esposa no son familiares del menor ni tienen un vínculo, tampoco han acreditado haber realizado trámite formal alguno de adopción, que tampoco permitiría la salida por un fin de semana, de un menor de edad, con fines de convivencia y que incluso podría evidenciar, el uso indebido de influencias.
Aleida Alavez resaltó que Mariana Rodríguez Cantú difundió fotografías y videos que exhiben al menor, en lo que presuntamente constituye su domicilio familiar, sin tomar las medidas necesarias para ocultar su cara e incluso reveló la identidad del niño.
Refirió que organizaciones como Save The Children han considerado que podría haberse cometido el delito de trata de personas por parte de Rodríguez Cantú y de Samuel García, al usar las imágenes con fines políticos y/o mercantiles.
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