El Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas (LGA), como lo mandató el decreto por el que modificó el artículo 4º de la Constitución, en febrero de 2012.
Así lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al continuar con el análisis de las controversias constitucionales promovidas por 18 municipios de Chihuahua, por el conflicto sobre la presa “La Boquilla”, y el uso de su contenido, según el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la discusión de la primera controversia sobre este tema, que fue presentada por el municipio de Cusihuiriachi, el Pleno de Ministros aprobó por unanimidad darle la razón, al señalar que el artículo tercero transitorio de dicho decreto ordena directamente que “El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, obligación que no ha cumplido a la fecha.
Los ministros desecharon el argumento de que expedir esta norma era innecesario, debido a que ya existe una Ley de Aguas Nacionales. La ministra Norma Lucía Piña Hernández explicó que dicha ley norma el artículo 27 de la constitución, y lo que se requiere es la LGA, que regule la participación de los municipios para hacer realidad el derecho al agua.
La discusión de estas controversias constitucionales continuará el martes, cuando se conocerán los mecanismos que aprobará la SCJN para que el Congreso de la Unión subsane esta omisión legislativa.
A esta sesión asistió presencialmente Mario Pardo Rebolledo, quien desde el 12 de enero pasado dio positivo a Covid-19. Cabe señalar que, aún aislado desde su domicilio, el ministro participó de manera virtual en la mayoría de las sesiones del Pleno y salas, mientras recuperaba completamente su salud.
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