Diversas organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento para exigir la liberación de Kenia Inés Hernández Montalván, una activista indígena sentenciada recientemente a 10 años y seis meses de prisión acusada de robo con violencia y ataques contra las vías de comunicación.
Las asociaciones defensoras de derechos humanos aseguran que los cargos contra Kenia fueron fabricados y pidieron a las autoridades mexicanas que se retiren las acusaciones y se le otorgue pronta asistencia y tratamiento médico.
La activista, miembro del Colectivo Libertario Zapata Vive fue detenida el 18 de octubre de 2020 en la caseta Amozoc, Puebla, la cual tenía tomada con sus compañeros como forma de resistencia pacífica para reclamar los derechos a la tierra y a la identidad colectiva.
Kenia fue llevada al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, y días después se ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16 en Coatlán, Morelos, donde actualmente permanece.
El pasado 19 de febrero fue sentenciada por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México.
“La sentencia hace parte de una fuerte estrategia de acoso judicial y detenciones arbitrarias que ha experimentado en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas”, acusa Front Line Defenders organización que acompaña a la activista.
Las organizaciones civiles aseguran que los cargos en contra de Kenia fueron fabricados con la intención de criminalizar la exigencia de los activistas indígenas para que se respeten sus derechos.
“Garantizar en toda circunstancia que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de todas las restricciones, incluido el acoso judicial”, es otra de las exigencias de Front Line Defenders.
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