Comunidades de la península de Yucatán resisten contra el Tren Maya: activistas

Las comunidades mayas de la península de Yucatán han resistido contra "el mal llamado" Tren Maya, luchan por su territorio, sus recursos naturales, la vida y su cultura, contra un proyecto que ha vulnerado varios de sus derechos humanos, según expusieron pobladores mayas y activistas durante el foro Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades que realizó el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este 19 de marzo. 

Señalaron que han resistido fraudes, despojos, amenazas y extorsiones por su lucha; además, expusieron que este tipo de magaproyectos generan la mercantilización de la cultura maya, los relega de trabajos de obreros y servicios, y señalan que el desarrollo económico sólo es para los gobiernos e inversionistas. 

Como ejemplo de esto, mostraron el caso de Cancún y la Riviera Maya y advierten que el tren es una “puerta” al aumento del crimen, los feminicidios, narcotráfico por la construcción de los polos de desarrollo que llegarían hasta las comunidades mayas; así como el incremento a los desarrollos inmobiliarios y demás afectaciones a las comunidades y la selva.

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“Estamos en resistencia, estamos persistiendo y, ahora, con este megaproyecto del Tren Maya, nuestra resistencia se ha hecho más fuerte para la defensa de nuestro territorio y la vida”, manifestó Sara López, integrante de la mesa directiva del Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX).

La activista indicó que este proyecto ha sido impuesto por el gobierno federal, porque nunca se llevaron a cabo consultas previas, de manera libre e informada; no obstante, las que realizaron fueron amañadas y no tomaron en cuenta al pueblo, dijo.

“Es un megaproyecto del gobierno federal y quienes están invirtiendo”, recalcó. 

En toda la construcción, según dijo, hay devastación y destrucción con grandes impactos en las comunidades que de la península, a la fauna, al medio ambiente y a la selva. 

“Es triste lo que está pasando, donde hemos vivido tantos años, donde hemos cuidado lo pocos que hemos podido, la selva, los animales; los mayas hemos dado la vida para tener esa casa que es el territorio, para tener la tierra que es nuestra y que eso es los nos da vida… Estamos en la defensa del territorio y de la vida”, subrayó. 

Indicó que en los Siete tramos del tren está la “destrucción total", el desalojo de personas que viven desde hace muchos años y quienes construyeron un patrimonio cerca de las vías. 

“Han violado sus derechos a la vivienda, no le han garantizado nada, sí los han desalojado porque los amenazan”, comentó. 

“Es una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de muchas personas que construyeron y lograron tener con mucho esfuerzo”, insistió.  

La integrante de CRIPX recalcó que los pueblos han sufrido desalojo, amenaza, fraudes, extorsión y persecución por defender sus territorios. Aunado a esto, dijo que las comunidades desconocen de los impactos que va a generar este proyecto.  

“Existe una preocupación muy fuerte, ¿cómo nos vamos a defender si no tenemos armas?, ¿cómo defender el territorio y la vida?", cuestionó. 

Angel Sulub, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, comentó que los pueblos mayas tienen derechos, los cuales han sido violentados por proyectos como el “mal llamado Tren Maya”.

El también delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), dijo que con este tren se podrá tener un caso similar a lo que paso con Cancún y la Riviera Maya: proyectos que se generaron con pretexto de un crecimiento económico para el país, pero para los pueblos mayas este ha representado todo menos el bienestar. 

“Ha ocasionado la pérdida de muchas de las formas tradicionales de vida, transformación del territorio, las relaciones entre los pueblos, espacios, personas, migración; el resquebrajamiento de las formas tradicionales de organización” precisó. 

Además, añadió, los mayas han pasado de ser pueblos autosuficientes que vivían de la milpa maya y de economías comunitarias, a ser un pueblo que depende del turismo. 

Están en los centros turísticos como mano obra, constructores y servicio de esta la industria turística. “Somos los pueblos mayas quienes sostienen la industria turística a través de un trabajo precarizado, que no tiene nada que ver con la dignificación de la vida del pueblo maya, toda esta riqueza es para los inversionistas y  gobiernos y no para el pueblo maya”, sentenció. 

Estos proyectos, manifestó, han representado para los pueblos mayas la muerte y destrucción del medio ambiente, de la naturaleza y de ecosistemas donde se asientan estos polos turísticos, y aumentan igual la criminalidad y los decesos en las comunidades. 

A su vez, indicó que todo este desarrollo turístico ha ocasionado una transformación de lo que “somos los mayas”, por medio de la mercantilización de la cultura. “Nuestra ritualidad se convierte en productos para el turismo”. 

En concreto, el líder de la CNI recalcó que el proyecto “no es maya ni tampoco es un tren”, sino que es una puerta al incremento de la criminalidad, la agroindustria, surgimiento de parques industriales, termo eléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos; además, un incremento del tsunami turístico que traería destrucción ambiental, social, económica comunitaria para los pueblos mayas. 

Agregó que generaría una urbanización con la construcción de aeropuertos, aumento de la industria de la carne que tanto daña al agua, incremento de los desarrollos inmobiliarios, entre otros males.  

Aunado a esto, el activista maya indicó que este tren representa una amenaza a la  espiritualidad, a las formas de vida rurales. “Todos estos megaproyectos y estos planes de ordenamiento territorial hablan de la urbanización, de un modelo de desarrollo y progreso que tiene que ver con la urbanización, que no necesariamente compartimos los pueblos mayas; porque hay un gran valor en la vida rural y las prácticas tradicionales”, manifestó. 

Por su parte, Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena en la península de Yucatán, indicó que hay una desinformación “brutal” respecto a este tema, desde la fase informativa con las comunidades se manejaron datos erróneos, donde la consulta no fue buena, apuntó. 

Igual habló de que con este proyecto se pone en riesgo el abastecimiento de agua pro la extracción, que se incremente la agroindustria, se cree una zona industrial en varias áreas de la península y la contaminación que pueda generar. 

“Esta idea de desarrollo es vista como una barca de salvación ante la deuda histórica que se tienen con nuestro pueblo por el empobrecimiento que hemos vivido en estos años, el turismo es elitista, excluyente y depredador, y se sostiene por la mano de obra maya, pero la riqueza se queda con ellos”, sentenció 

María Hernández, ejidataria del ejido don Samuel (en Escárcega, Campeche) compartió que ella el 15 diciembre 2019, cuando llevó a realizó de consulta con el ejido, decidió votar a favor de este proyecto, no obstante luego se dio cuenta de que no era lo que habían prometido. 

Votó a favor pues hablaba del desarrollo de las comunidades, de la generación de empleos, lo vio como una oportunidad de crecimiento; sin embargo, la comunidad solicitó mayor información, pero nunca llegó. 

No entendía por qué tenían que vender sus tierras a empresas extranjeras y porque no mejor se generaban empresas sociales, que desde las comunidades se diera este cambio de mejorar la situación con más escuelas, área de salud, contó. 

Tampoco el Comité de Seguimiento del Tren Maya que se instaló recibía mayores detalles y ni respuesta a sus dudas, aun así se firmó la consulta bajó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determina que deben ser de una forma adecuada, libre, previa, de buena fe. 

“No se dijo habló de ningún impacto, como pueden votar en contra de algo que no conoces, si te hablan siempre a favor”, comentó la activista. 

En 2020, comentó, se presentó al ejido una empresa encargada de la  liberación de la vía e hicieron una asamblea representativa con la votación de sólo 45 ejidatarios, cuando son más 200, donde se avala el cambio de uso de suelo de sus tierras, las empresas se llevaban los documentos y no dejó copia. 

Meses después, agregó, la misma empresa dijo que salieron los recursos para el ejido y los comisarios fueron llevados a palacio de gobierno de Campeche para recibir los recursos, les daban cierta cantidad, pero igual fueron intimidados para aceptar. 

“Se empieza a tener temor ante esto y se deja ver una corrupción”, afirmó.

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Edición: Estefanía Cardeña