Denuncian obstrucción de la justicia en el caso del Tren Maya

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que pobladores de comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una  queja ante el Consejo de la Judicatura por “conductas en contra de la función jurisdiccional” en torno al Tren Maya 

Denuncian obstrucción de la justicia y extravío de expedientes judiciales. “Se ha violado el derecho de las personas demandantes a la justicia pronta, expedita y en un plazo razonable, al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de haberse presentado”, expuso la organización.

De a cuerdo con el Cemda, el 30 de marzo del 2022, se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal -órgano que vigila la disciplina y conductas de las personas funcionarias del Poder Judicial y cuyo presidente es el ministro Arturo Zaldívar- en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, quienes han presentado una demanda en contra del proyecto del Tren Maya, pues han paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto.

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Según dio a conocer en un comunicado, las conductas en que ha incurrido el poder judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público. Desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del Tren Maya, interpuesta por personas indígenas, comunidades y afectados de los estados mencionados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.

“Los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional, al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable”, señaló. 

Sumado a lo anterior, agregaron, y después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se ha declarado competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital están incompletos. 

“En un hecho inexplicable, diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda han desaparecido y, si bien las y los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido, hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente “extraviadas” o “no localizadas” y que ha sido solicitado por la parte quejosa”, sentenciaron. 

Hicieron un  llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes.

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Edición: Laura Espejo