Laura Gómez Flores, Rocío González Alvarado y Josefina Quintero Morales
El Gobierno de la Ciudad de México, con la intermediación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina, aceptó reubicar a los integrantes de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Oaxaca, en el albergue Casa del Estudiante, ubicado en la alcaldía Iztacalco, con la advertencia de que si vuelven a bloquear o hacer un plantón en alguna vialidad serán retirados.
Ayer por la tarde, la presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez, se presentó en las calles de Mapimí y Plomo, en la colonia Valle Gómez, a solicitud del gobierno local, para dialogar con los indígenas que no aceptaron permanecer en el albergue que las autoridades les habían habilitado en esa misma zona.
Tras cuatro horas, los inconformes aceptaron trasladarse a la Casa del Estudiante, lugar al que llegaron alrededor de las 9:30 de la noche, señaló la ombudsperson, quien agregó que les recordó un protocolo de actuación referente a bloqueos en vialidades, que obliga a las autoridades a retirarlos si realizan una acción de ese tipo.
También subrayó que las demandas de las familias triquis desplazadas de su comunidad son legítimas, pero que están fuera del alcance de las autoridades capitalinas atenderlas, ya que le competen a la Federación y al gobierno de Oaxaca.
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Durante el día, los indígenas fueron cercados por elementos de la policía para evitar que salieran de la zona, motivo por el que exigieron al Gobierno de la Ciudad de México garantizar sus derechos a la libre manifestación y de tránsito.
El gobierno capitalino advirtió que no permitiría el regreso de la comunidad triqui de Oaxaca al plantón que tenían en la avenida Juárez ni en ninguna otra vialidad de la ciudad, pero mantendrá abierto el diálogo y el ofrecimiento de analizar otros espacios para su albergue.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que las familias que llegaron de Tierra Blanca estaban en mejores condiciones en el albergue instalado en un predio de la colonia Valle Gómez, pues en el plantón había una situación terrible de insalubridad, incluso con roedores, así como de inseguridad para los menores de edad.
Negó que haya sido excesivo el operativo para su traslado, pues todo el tiempo participó la Comisión de Derechos Humanos supervisando el retiro del campamento, donde nunca estuvo el dirigente y sólo había 16 mujeres, 12 niños y dos hombres adultos, uno de ellos ajeno a la comunidad.
Más tarde, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que grupos ajenos, entre ellos uno denominado Resistencia Civil Pacífica y quienes tienen tomada la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, alentaron la confrontación y destrozaron el albergue habilitado en la colonia Valle Gómez.
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