Ordenan detener al cura Marcelo Pérez, mediador del conflicto en Pantelhó

Elio Henríquez

“Mi corazón está muy en paz porque no he hecho nada mal”, afirmó el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, luego de enterarse de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez librar orden de aprehensión en su contra por el caso de 19 pobladores de Pantelhó, retenidos y desaparecidos el 26 de julio de 2021, presuntamente por el grupo de Autodefensas del Pueblo El Machete.

En un mensaje que envió al cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, quien fuera obispo de San Cristóbal de Las Casas, manifestó que “estoy tranquilo, sigo con mis actividades normales y si llegase a concretarse la detención, lo viviré desde el espíritu del evangelio”.

Agregó que el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez “lo sabe; ayer platicamos que los que somos servidores diocesanos” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) “están muy al pendiente”.

Agregó: “Mi familia está muy tranquila, a pesar de que (la noticia) se ha viralizado en los medios; mi familia ha tomado esta situación desde la fe. Reflexiono y me confortan mucho las bienaventuranzas”.

El presbítero, originario del municipio de San André Larráinzar fungió como mediador en el conflicto de Pantelhó, que se agravó después de las elecciones de junio de 2021, por la irrupción del grupo de Autodefensas del Pueblo El Machete, al que los familiares de los desaparecidos (21 según ellos, 19 de acuerdo con la FGE) responsabilizan de habérselos llevado, sin que hasta la fecha hayan aparecido.

Los familiares de los desaparecidos han acusado públicamente a Marcelo de ser responsable también de retención y desaparición de los pobladores, a los que El Machete calificó en su oportunidad de “sicarios”.

“Por acompañar al pueblo de Pantelhó, los familiares de los detenidos del 26 de julio 2021, me han imputado como responsable; la Fiscalía le ha pedido al juzgado que gire orden de aprehensión en contra de cuatro personas: Marcelo Pérez Pérez, Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Antonio Jiménez Cortez”, dijo el religioso.

Añadió que “es injusta” la detención de Pedro Cortés y Diego Mendoza, ambos presos en el penal de El Amate desde el pasado 21 de junio, y quienes se desempeñaban como presidente y primer regidor del concejo municipal de Pantelhó, respectivamente.

“Los Machetes han hecho lo que no debieron de hacer”, aseveró Marcelo, al tiempo de expresar que “no se sabe si el juez concedió la petición de la Fiscalía” de librar la orden de aprehensión en su contra.

Pérez Pérez, ahora párroco del templo de Guadalupe de San Cristóbal, cuenta desde 2016 con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a amenazas de muerte cuando era párroco en Simojovel, donde encabezó un movimiento en contra de caciques locales, del consumo de alcohol y de drogas.

Como responsable de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ha participado en acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio ante los megaproyectos y en actividades de mediación de pueblos y organizaciones en conflicto en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El Bosque y Pantelhó, con el objetivo de evitar la violencia.

“Mi corazón está muy en paz porque no he hecho nada mal, al contrario, entre el 27 de julio a Pantelho para decirle al pueblo que son hijos de Dios y que no caigan en la misma violencia. Escucharon mis palabras, gracias a Dios y se detuvieron las detenciones y la quema de casas”, subrayó.

Luego de conocerse públicamente la noticia, diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, condenaron “la solicitud de orden de aprehensión” en contra de Marcelo, solicitada por la FGE el pasado 21 de junio ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas.

“Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos”, dijeron.

“Desde las organizaciones firmantes exigimos al gobierno mexicano el retiro de la acusación penal que criminaliza la defensa de derechos humanos del Padre Marcelo. Nos preocupa que sea detenido, asesinado o desaparecido y que continúe la criminalización, por lo que si esto ocurre responsabilizamos al Estado mexicano”, expresaron, las agrupaciones, entre ellas el Frayba, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos, la Organización Mundial Contra la Tortura y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), entre otras.

Edición: Ana Ordaz