Elio Henríquez
Al menos 25 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales condenaron “la solicitud de orden de aprehensión” contra el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, presentada por la fiscalía estatal el pasado 21 de junio ante el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Chiapas.
“Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad, para criminalizar a un defensor de los derechos humanos”, manifestaron.
Exigieron al gobierno mexicano “el retiro de la acusación penal que criminaliza la defensa de derechos humanos del padre Marcelo. Nos preocupa que sea detenido, asesinado o desaparecido y que continúe la criminalización, por lo que si esto ocurre responsabilizamos al Estado mexicano”.
Entre las agrupaciones que se manifestaron están el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la Organización Mundial contra la Tortura y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFor México).
La Diócesis de San Cristóbal, a la que pertenece el presbítero, instó a las autoridades a que “cesen la represión, intimidación y persecución para nuestros hermanos y hermanas que luchan por la construcción de un mundo diferente y mejor”.
Deploran ingratitud ante mediación en conflictos
Sostuvo que la función mediadora en varios conflictos en la que ha participado la diócesis ha traído “muchas veces la ingratitud de alguno de los actores involucrados cuando solamente persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común”.
Sentenciaron: “Todo esto ha traído como consecuencias amenazas e intimidaciones contra los y las agentes de pastoral de nuestra diócesis, en varias de las zonas, entre las que destacan, desde hace varios años, las que se hacen contra nuestro agente de pastoral presbítero Marcelo Pérez, y que en estos últimos días se han incrementado”.
Los pueblos zoques de Chiapas, organizados en la defensa de la vida y el territorio, pidieron al Estado mexicano que “pare la criminalización en contra de Pérez, uno de los más grandes defensores de los pueblos indígenas, una persona integra” que los ha apoyado contra diversos proyectos extractivistas.
Edición: Ana Ordaz
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