Gustavo Castillo
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, en la que se indaga la presunta comisión de cinco delitos.
“Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la FGR México inició una carpeta de investigación en contra de Alito Moreno”, informó el gobierno de México desde su cuenta de Twitter, posteriormente, la publicación fue eliminada.
El dirigente priísta se encuentra actualmente en Europa, donde asistió en Ginebra a la reunión de la Internacional Socialista, donde anunció que expondría un reclamo contra lo que considera una persecución, asumiéndose como un político perseguido.
Asimismo, acudiría a Bruselas, Bélgica, con objeto de presentarse en la sede la Unión Europea para levantar el reclamo al gobierno de México, luego de que se difundieran diversas grabaciones en las que presuntamente lo involucran en actos ilícitos como triangulaciones financieras para ocultar su patrimonio.
Alito Moreno es investigado por la Fiscalía General de Justicia del estado de Campeche como presunto responsable de diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, este viernes el gobierno federal dio a conocer la existencia de una indagatoria en el ámbito federal en contra del dirigente priísta.
Información en desarrollo
Notas relacionadas:
-Exigen 15 ex gobernadores del PRI la renuncia de 'Alito'
-Audio de 'Alito' revela extorsión a empresarios mediante reformas constitucionales
Edición: Estefanía Cardeña
El gobierno estatal y autoridades locales colocan miles de costalillas y mantienen monitoreo constante
La Jornada Maya
Capacitaciones de la UNESCO, Fonart y Meta fortalecen la creación, venta y protección del arte textil en mega encuentro
La Jornada Maya
Tras la detonación de aparatos caseros hubo una balacera; EU emite alerta
La Jornada Maya
Además, elevan la violencia de género, lo que obliga a tratar la violencia sexual como una emergencia
La Jornada