Para enfrentar la violencia que sufren los periodistas, se requiere una respuesta del Estado mexicano en su conjunto, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el destacar que es momento de dejar atrás el celo institucional y las discusiones de a quién le toca qué y cuál es la competencia de cada uno.
Durante la firma de un convenio de colaboración con el gobierno de Sinaloa en materia de reguardo a comunicadores y defensores de derechos humanos, consideró que se necesita cambiar la orientación del mecanismo de protección, para que deje de ser un órgano reactivo y se concierta en preventivo.
Ante el mandatario estatal Rubén Rocha Moya y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, explicó que el acuerdo con la administración sinaloense busca que a través de la coordinación entre los gobiernos federal y del estado, se construyan los instrumentos y capacidades para revertir la violencia y las amenazas contra comunicadores.
En un comunicado, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de donde depende el mecanismo de protección, Enrique Irazoque Palazuelos, planteó la urgencia de contar con una política nacional e integral que involucre a las entidades federativas y los municipios, ya que sólo se cuenta con 17 leyes estatales y 11 mecanismos de protección estatales.
Añadió que los factores que aquejan a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en cuanto a amenazas, riesgo y agresiones son, en principio, la delincuencia organizada que ve amenazadas sus acciones y la lamentable impunidad que se ha sostenido durante décadas en las investigaciones. Además, “tenemos las autoridades municipales que lejos de atender las denuncias de las agresiones, son parte del problema”, resaltó.
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