Eduardo Murillo
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos, posiblemente implicados en el caso Ayotzinapa.
Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero.
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El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo los 20 militares.
En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, quien según el informe de la Comisión de la Verdad tuvo conocimiento de lo hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales él tenía acceso directo.
Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a General de División, nombrado comandante de la Región Militar, posteriormente fue designado Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y luego jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 noviembre de 2017, finalmente fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), hasta el 2 de marzo de 2021.
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Edición: Emilio Gómez
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