Gustavo Castillo García
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, con sede en el Reclusorio Norte, concedió el cambio de medida cautelar al ex senador Jorge Luis Lavalle, por lo que podrá enfrentar en libertad el proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho que le imputó la Fiscalía General de la República por haber recibido presuntamente recursos provenientes de Emilio Lozoya Austin para sobornar a legisladores y que aprobaran la reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una audiencia realizada ayer y que se realizó sin trascender a los medios de comunicación, el impartidor de justicia rechazó los argumentos de los agentes del Ministerio Público que sostenían que el panista y ex legislador debía permanecer en prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga.
Sin embargo, de acuerdo con información de fuentes del Poder Judicial de la Federación, los defensores del ex legislador combatieron los argumentos de los representantes de la FGR y lograron demostrar que su cliente acudió voluntariamente a la audiencia en que se le imputó la acusación y que concluyó con su encarcelamiento en el Reclusorio Norte el 13 de abril de 2021.
Como parte de las medidas cautelares que se impusieron a Lavalle para obtener su libertad es que debe portar un brazalete electrónico que permita monitorear su localización, se cancela su posibilidad de viajar al extranjero y debe acudir mensualmente a firmar el libro de procesados ante la unidad de medidas cautelares.
En junio del año pasado el Magistrado Luis Alfonso Montalvo Martínez, ratificó la vinculación a proceso en contra del panista al considerar que la FGR presentó pruebas para acreditar que ex senador recibió recursos de procedencia ilícita, que ese dinero formó parte de esquema con el cual se buscaba influir en las decisiones legislativas en 2013.
La acusación en contra de Lavalle Maury estima que el ex legislador debe recibir una sentencia de entre 12 y 39 años de prisión y pagar más de 97 millones de pesos por multas y reparación del daño por las acciones realizadas para que se aprobara la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los cargos en contra de Lavalle se sustentan en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, la cual inició con base en una denuncia presentada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Austin el 11 de agosto de 2020, en la cual asegura haber entregado alrededor de 500 millones de pesos entre diputados y senadores para que se aprobaran las reformas estructurales, particularmente la reforma energética, durante el gobierno de Peña Nieto, y que el dinero provenía de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarse de contratos durante esa gestión federal.
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