Por segunda ocasión el juez séptimo de Distrito suspendió el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo a un domicilio particular para terminar su condena, informó la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, donde se recibió a las 14:50 horas de este viernes notificación del citado juzgador de que tal diligencia quedaba sin efecto “en razón de que la Fiscalía General de la República solicitó fuera trasladado a un Cefereso del Estado de Morelos y para subsanar algunas fallas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico”.
Miguel Ángel Félix Gallardo, estaba programado para salir el 15 de septiembre de la prisión de Puente Grande.
La primera suspensión de la salida de Jefe de jefes, sin embargo, en ese momento el secretario del juzgado cuarto de distrito no pudo hacer valer la procedencia de la causa penal 110/2022 del juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales de la Ciudad de México.
La decisión del juzgado séptimo para otorgar la prisión domiciliaria a Félix ocurrió el 7 de septiembre pasado, otorgándole el beneficio de prisión domiciliaria basado en su mal estado de salud y su avanzada edad.
Aunque aparentemente nada tuvo que ver con diferir la fecha de la salida de Félix de Puente Grande, desde la resolución del juez séptimo la Fiscalía General de la República impugnó la decisión, por lo que el caso fue turnado a un tribunal colegiado, que determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
El narcotraficante es hoy un anciano de 76 años, ciego de un ojo, con al menos 23 enfermedades y un pronóstico de vida no mayor a 3 años.
Félix estuvo en Puente Grande los recientes cinco años, parte final de un peregrinar por varias cárceles del país de alta seguridad desde que fue arrestado en 1989, condenado a 40 años por por delitos contra la salud y, en otra condena, a 37 años de cárcel por los secuestros y homicidios del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y el piloto mexicano Alfredo Zavala, en 1985.
Edición: Laura Espejo
El reclamado cuenta con 30 días para apelar dicha resolución
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La Jornada
La abogada permanecerá en el cargo durante el proceso electoral
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La secretaria general de Gobierno, María Fritz quedará como encargada de despacho
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