Viviana Salgado, quien estuvo presa en Santa Martha Acatitla, acusada por el delito de ataques a las vías de comunicación del Metro, exige una reparación por daño sicosocial y económico, así como una disculpa pública por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; y solicita a la Comisión de Derechos Humanos local investigue el abuso y la violación al debido proceso de que fue objeto.
El haberla exhibido la Fiscalía General de Justicia como “saboteadora del Metro, por supuestamente arrojar las aspas de plástico de mi lavadora a las vías, provocó que perdiera mi trabajo, como empleada del hogar, y sus dos hijos corrieron la misma suerte”, denunció.
Destacó que, el sobreseimiento de la acción penal que pidió el Ministerio Público al juez de control, “dejándome libre de toda acusación a finales de enero, es muestra clara del abuso de autoridad y la falta de pruebas en mi contra”.
El papel de la Fiscalía, afirmó, “fue más allá de una acusación y con elementos falsos pretendió dejarme en prisión, para justificar los supuestos actos de sabotaje en el Metro, lo cual me ha provocado secuelas familiares, económicas, sociales y de salud”.
La falta de dinero y conocimiento para tener una “buena defensa provocó que a mí y mi familia nos dejaran como delincuentes. Ahora soy la delincuente número uno, se ensañaron conmigo, fui su experimento en todos los problemas que tiene el Metro”, denunció.
Su asesor jurídico Teófilo Benítez Granados dijo que el Poder Judicial mostró sensibilidad y aceptó el desistimiento de la Fiscalía que pretendió, en un inicio, ir a un proceso penal, sin las pruebas necesarias para imputar a la señora Viviana Salgado.
“Una vez más, la Fiscalía de Ernestina Godoy criminalizó la pobreza y a pesar de la inexistencia de pruebas motivó a que un juez de control la vinculara a proceso sin sustento, lo cual es equiparable al sistema inquisidor, en el que primero se detenía a la persona y posteriormente se investigaba si era culpable”, señaló.
Lamentó las declaraciones del director general del Metro, Guillermo Calderón, al “acusarla de saboteadora y delincuente, de señalarla como bandida”, cuando no hubo ninguna evidencia de la supuesta intención de causar un daño a la infraestructura del sistema, dijo.
Hoy, puntualizó, su representada enfrenta problemas de salud y económicos, al perder su empleo al igual que sus dos hijos, y es motivo de estigma, por lo que pidió a la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, “asuma su función de proteger a las víctimas del abuso del poder y no encubrir a quienes ejercen esa violencia so pretexto de aplicar la ley”.
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Edición: Laura Espejo
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