Emir Olivares y Néstor Jiménez
El tema del cabotaje, que permitiría las operaciones comerciales de aerolíneas extranjeras entre destinos dentro del país, no estará en la reforma a la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, anunció este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está presentando la iniciativa aunque se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores”, señaló en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“Lo que se envió, o está por enviarse la iniciativa, ya no lleva lo del cabotaje, para que lo celebren los que estaban preocupados por eso”, agregó
El Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa en la que se contemplaba un artículo que abría la posibilidad al cabotaje. Tras ello, sindicatos, empresas y agrupaciones del ramo expresaron su rechazo a esta medida.
Aun cuando el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y otros funcionarios son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en acciones que derivaron en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, causando el homicidio de 40 personas y lesiones a otros 25 migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se continuará esperando para resolver si se le remueve o no del cargo.
En la mañanera de este miércoles, a pregunta sobre la información dada a conocer anoche por la FGR en el sentido que va por Garduño y otros servidores públicos del INM, el mandatario federal acotó que aún no se sabe el alcance de las indagatorias, pues algunos de los imputados pueden ser señalados de omisión y otros por homicidio; aunque subrayó que no habrá impunidad en este caso.
“Lo comentamos (la resolución de la FGR) en el gabinete de seguridad (de esta mañana), en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de la vida de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión y otros por homicidio”, señaló el jefe del Ejecutivo.
Apuntó que aún falta que la Fiscalía aporte más información sobre estos lamentables hechos y que los jueces sean los encargados de impartir justicia.
“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes”, subrayó.
— ¿Permanece (Garduño) en el cargo? -se le preguntó.
— Vamos a esperar que es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento -respondió López Obrador.
Anoche, como parte de las indagatorias, la FGR dio a conocer que se procedió penalmente contra el director general del INM; además de Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria de la institución, y el contralmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto en Chihuahua, a quienes considera responsables de ejercicio ilícito del servicio público, por no tomar las medidas mínimas para prevenir el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 25 más resultaron heridas.
La fiscalía señaló que estos funcionarios incurrieron en presuntos ilícitos “al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando las anomalías cometidos en contra de los migrantes, lo cual está tipificado como delito en el artículo 214, fracción sexta, del Código Penal Federal”.
Fuentes judiciales confirmaron los nombres de estos tres funcionarios, pues la FGR sólo los había identificado por sus nombres. También se procedió contra otros tres integrantes del INM de los que no trascendieron sus nombres completos y presuntos involucrados: Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes, afirmó la Fiscalía, se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron los migrantes.
De cara a la parte final de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un nuevo libro, el último que escribirá sobre temas políticos, y en el que hará recomendaciones a futuro para los siguientes gobiernos, entre ellas, la compra de un banco por parte del Estado, ya que representa ahorros.
Además, recomendó a quién ocupe la Presidencia que pongan en marcha una reforma al Poder Judicial, ya que “ahí hay un problema”, pero dijo que se trata de la reforma más complicada.
Apuntó que ya comenzó a definir el esquema y el método de su próximo libro.
Después de escribir A la Mitad de Camino en el que narra lo que realizó en los primeros tres años de su sexenio, en el siguiente, “que va a ser el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque me voy a jubilar, tendría que ser la otra mitad del gobierno, pero no, ya decidí, porque no hay texto sin contexto, y como es el fin de un proceso en mi caso (…) vendrán las nuevas generaciones, pero como yo sí ya termino, voy a escribir un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes”.
En su texto, además de explicar qué es el humanismo mexicano, “voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé, porque por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande, por ejemplo esto de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo, pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco, por qué tenemos que pagar tanto de comisiones?”.
Detalló que, por ejemplo, los bancos cobran comisiones al gobierno en el proceso de cobro de impuestos, pago de nóminas o envíos de remesas. “Tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos”.
El caso del Banco del Bienestar, aseveró, tiene otra función ya que es para dispersar los recursos de programas del Bienestar. “Si al banco le meteremos más servicios no tendría la capacidad”.
Recordó que anteriormente existía una aseguradora federal que fue privatizada, mientras que ahora se deben pagar miles de millones de pesos para asegurar edificios públicos, aeropuertos o infraestructura federal.
También, en otros países los gobiernos tienen un banco, “pero aquí no, aquí acabaron con todo”. No se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de particulares, "pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social”, agregó.
De igual forma, señaló: “Decirle a quien vaya a quedar, recomendarle (…) mira, no te olvides de reformar el Poder Judicial, no te olvides de ayudar a que se lleve a cabo una reforma al poder judicial porque ahí hay un problema”.
Como ejemplo de dichos problemas, lamentó que un tribunal federal ordenó reponer uno de los procesos que se siguen en contra del secuestrador Daniel Arizmendi. “Están queriendo darle libertad al mochaorejas, y lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa que se tenían congeladas”, cuestionó el mandatario.
Luego que el ex consejero electoral Lorenzo Córdova adujo que habría una persecución en su contra tras dejar su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “el que nada debe nada teme, y todo el que tiene una responsabilidad de servicio público está obligado a informar y rendir cuentas, pero si no comentó ningún ilícito no tiene por qué preocuparse”.
No obstante, reiteró su crítica al ex presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por integrarse ahora como “comentarista” de un medio de comunicación, lo que calificó como un acto de deshonestidad.
A la vez, lo comparto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que, dijo, “cancelaba candidaturas”, desde hace años.
Entre dichas medidas, recordó la contienda en la que Clara Brugada ganó la elección interna para ser candidata a la entonces delegación Iztapalapa, el Tribunal Electoral canceló su registro como abanderada tras una impugnación unos días antes de la elección.
En caso de definirse como inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería un “error garrafal”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al defender que si no se integra de esta forma, no se podrá mantener como una instancia que “auténticamente” defiende al pueblo.
Después que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, elaboró un proyecto en el que perfila invalidar la incorporación de la GN a la Sedena, el mandatario expresó: “ojalá y lo piensen bien porque si declaran inconstitucional la ley en la materia, y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser una grave error, un error garrafal”.
Para tener una idea, dijo, es como “darle continuidad a la política de (Genaro) García Luna, es continuar con la misma estrategia de la policía federal que dependía de la Secretaría de Seguridad pública, luego de la Secretaría de Gobernación, y se echó a perder por completo, se corrompió”.
“La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora, como una corporación para realmente, auténticamente defender, proteger a los ciudadanos, es que dependa de la Secretaría de la Defensa, porque esto significa profesionalismo, disciplina, honestidad, rectitud. Si no, va a suceder lo mismo, al paso del tiempo”, insistió.
El presidente alertó que si la GN no forma parte de la Sedena, siempre va a estar “la tentación de que un inexperto ambicioso, así del corte de García Luna, ingeniero, abogado, sin principios, sin ideales, sin doctrina, y con mucha ambición, se haga cargo de una corporación que ahora va a tener 150 mil elementos”, al recordar que mientras la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos, de los que 20 mil eran administrativos, ahora la GN ya cuenta con 128 mil.
Apuntó que la GN ya está resultando bien evaluada por los ciudadanos, por lo que sería “irresponsable” y un daño al país, si la Corte resuelve en el sentido en que se planteó el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Además, recalcó que en otras naciones, son las fuerzas las que encabezan instituciones similares.
No obstante, aclaró que de avanzar el proyecto, “entonces vamos nosotros en el tiempo que nos queda de todas forma a cuidar que no se eche a perder, pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, una institución que es un pilar del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa”.
Pidió a los legisladores revisar los presupuestos cuando dependía de Gobernación, ya que ejercían más de lo que estaba autorizado, “y no había cuentas claras”.
Sobre los señalamientos de que “se va a militarizar el país”, señaló que “eso no tiene sustento, ya lo he dicho aquí varias veces, eso puede aplicarse en otros países, se militarizaron los países del cono sur en los años 70, pero el Ejército mexicano es otra cosa”. Lo que sucede, consideró, es que se desconoce la historia y la forma en que surgió el Ejército mexicano para en contra del golpe de Estado orquestado por Victoriano Huerta.
En tanto, luego que este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para crear una Comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones, el jefe del Ejecutivo federal explicó que hay una representación de México, que está encabezada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, así como representantes de Estados Unidos y Canadá, para llevar a cabo reuniones periódicas en el marco de la cooperación que existe.
Subrayó que “ya no es el llamado plan Mérida que resultó un rotundo fracaso”, estrategia que surgió cuando estaba en funciones García Luna. “Ya son otras condiciones, es cooperación, no sometimiento, es una relación en condiciones de igualdad”.
También, dio a conocer que el departamento de justicia de Estados Unidos notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) que devolverá a México recursos confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario de finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira.
Detalló que Villarreal fue detenido en Texas por lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. El monto confiscado fueron 246 millones 134 mil 284 dólares, es decir, 4 mil 813 millones 620 mil 591 pesos, aunque aclaró que aún desconoce si se devolverá toda la cantidad.
Edición: Ana Ordaz
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