La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió la declaratoria de utilidad pública de 774 mil 456.110 metros cuadrados, correspondientes a 94 inmuebles de propiedad privada en municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) expuso que integró el expediente de expropiación número Sedatu.1S.13.I110.UAJ.008.2023, en el cual constan las solicitudes y los dictámenes técnicos emitidos por esa entidad, en el que se señalan los inmuebles materia de la presente declaratoria, y que son necesarios para llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura pública para el desarrollo de los Tramos 1, 2, 3, 6 y 7.
Los predios se localizan en Palenque, Chiapas; en Tenosique y Balancán, Tabasco; en Escárcega, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, Campeche; en Tixkokob, Maxcanú, Umán, Mérida, Chocholá, Tixpéhual, Kanasín, Cacalchén e Izamal en Yucatán y en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Tulum, Quintana Roo.
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Refirió que se cumple con la causa de utilidad pública prevista en el artículo primero de la Ley de Expropiación, ya que se trata de la construcción de una obra de infraestructura pública, “cuya finalidad es atender y satisfacer las necesidades de la población en general, tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán, relativas a comunicar de manera eficiente y agilizar el transporte de todas las personas, y en consecuencia se reactivará la economía del país y el desarrollo en diversos sectores como el comercial y turístico”.
La Sedatu, que encabeza Román Meyer, indicó que los planos topográficos de los referidos inmuebles y el expediente formado con motivo de la presente Declaratoria, quedan a disposición de todas aquellas personas físicas o morales que acrediten y justifiquen un derecho o interés jurídico, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia.
Los interesados, continuó, tendrán un plazo de 15 días hábiles, a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF, de la presente declaratoria, para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.
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Edición: Fernando Sierra
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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