Personas servidoras públicas que sean responsables de difundir material sensible sobre víctimas de feminicidio podrían recibir una sanción de hasta 12 años de prisión luego de que la Cámara de Senadores aprobará reformas al Código Penal Federal.
En la sesión de este martes 12 de septiembre se obtuvieron 86 votos a favor para tipificar la filtración de imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal relacionado con la violencia de género.
Así, la filtración o difusión de información de víctimas de feminicidio o delitos relacionados con la violencia de género será considerada un delito contra la administración de justicia.
Los servidores públicos serán sancionados si dan a conocer, difunden, entregan, revelan, publican, transmiten, exponen, remiten, distribuyen, videograban, audiograban, fotografían, filman, reproducen, comercializan, ofertan, intercambian, copian o comparten la información a personas que no tienen derecho a acceder a este material sensible.
La propuesta, presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero, establece que quien cometa este delito puede recibir una pena de prisión de seis a 12 años y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
La sanción podría aumentar hasta en una mitad más si las víctimas o personas ofendidas son niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres.
Estas reformas son conocidas como Ley Ingrid, debido a que surgen tras el caso de Ingrid Escamilla Vargas, víctima de feminicidio en 2020, cuyas imágenes de su cuerpo fueron difundidas en noticieros, diarios, periódicos y en redes sociales.
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“Todos y todas fuimos testigos de la exhibición pública del material visual de su cuerpo, como si se tratará de cualquier noticia cotidiana, lo que laceró gravemente la dignidad y memoria de su persona y de sus familiares”, destacó la senadora Sánchez Cordero.
El objetivo de esta reforma es garantizar una vida libre de violencia contra la mujer y combatir la violencia mediática de género y su normalización.
“La divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituyen, claramente, una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas”.
El dictamen será remitido a la Cámara de Diputados para que culminar el proceso de aprobación.
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