César Arellano García
Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo cual quedaron congelados por ahora los cerca de 15 mil millones de pesos de esos instrumentos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), informó que una juez le concedió la medida cautelar para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social.
"Jufed comunica que una juez federal concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023, contra el Decreto legislativo de extinción de los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos efectos suspensivos logrados subsistirán hasta que se resuelva el juicio en lo principal y comprenden".
En un comunicado reiteró que la extinción de dichos fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo.
"Que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, involucrados en el Decreto legislativo reclamado".
"Lo anterior, en virtud de que la suspensión ahora en definitiva se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pero con efectos generales por impactará todo el personal de la Judicatura Federal; lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional", apuntó la Jufed.
Edición: Ana Ordaz
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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