Sin indemnizar, familias de niños tarahumaras muertos por desnutrición

Jesús Estrada

El gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván, no ha indemnizado a por lo menos siete familias de la comunidad rarámuri de Choréachi debido a la omisión en proporcionar servicios de salud a bebés y menores de cinco años que murieron por desnutrición entre octubre de 2019 y junio de 2020, cuando era mandatario el ahora ex panista Javier Corral Jurado, por lo que la reparación del daño no se ha realizado.

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Lo anterior derivado de la recomendación 12/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a Campos Galván y a Julio César Chávez Ponce, alcalde de Guadalupe y Calvo donde se ubica Choréachi, la cual fue notificada el 31 de enero de este año y dio un plazo de seis meses para su cumplimiento; pero, a la fecha el gobierno del estado no ha informado sobre el acatamiento de la compensación.

La recomendación también pidió un censo actualizado para conocer cuántas niñas y niños viven en la comunidad, un diagnóstico sobre el estado de salud nutricional en el que se encuentran y un dictamen sobre las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la seguridad alimentaria, a la educación, el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad, en un plazo de seis meses.

Los siete niños indígenas fallecieron debido a la falta de condiciones de salud y alimentación en la comunidad rarámuri, por causas relacionadas con desnutrición infantil y enfermedades prevalentes de la infancia, todas prevenibles y curables, estableció la CNDH.

El gobierno del estado y la autoridad municipal vulneraron los derechos a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez de las siete víctimas, y de manera colectiva, los derechos a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuados de los habitantes de Choréachi, determinaron visitadores del organismo nacional que estuvieron en Guadalupe y Calvo, según el expediente de queja CNDH/4/2021/1403/Q.

La CNDH solicitó a la gobernadora y al presidente municipal de Guadalupe y Calvo que inscriban a los afectados indirectos en el Registro Estatal de Víctimas y procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación. Además, que se les proporcione atención médica, sicológica y tanatológica.

En una queja de 2021, autoridades tradicionales de Choréachi solicitaron servicios de salud y programas nutricionales acordes con sus necesidades y estándares culturales, pues pese a que en esos momentos se construía un Centro de Recuperación Nutricional, la comunidad nunca fue consultada e informada sobre su diseño, edificación y operatividad.

La CNDH acreditó, con las evidencias recabadas y los actos violatorios descritos en la queja, que las autoridades locales “vulneraron el derecho de acceso a la salud por la falta de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los servicios médicos, así como la falta de registro, control y seguimiento de la condición de desnutrición de la niñez indígena”.

Entre las acciones transgresoras confirmadas estuvo que los servicios de salud no están cercanos a la comunidad ni son asequibles; las unidades móviles implementadas para tratar de compensar esta situación no fueron suficientes ni adecuadas, y no se observó que las estrategias en materia de salud se hayan realizado y sean operadas bajo una perspectiva de interculturalidad.

Además, en lo que va de 2023, la Secretaría de Salud estatal ha detectado 67 casos de desnutrición severa en bebés y menores de cinco años en la Sierra Tarahumara, de ellos 16 fallecieron y seis están hospitalizados.

Edición: Emilio Gómez