Mexicana de Aviación fue demandada el miércoles por al menos 841 millones de dólares por SAT Aero Holdings, una empresa de Texas, que acusó a la nueva aerolínea estatal de varios incumplimientos de contrato.
Según la demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan, el gobierno mexicano contrató el año pasado a la empresa SAT Aero Holdings para que prestara una serie de servicios a Mexicana, entre ellos la obtención de aeronaves y los seguros correspondientes, y la contratación y formación de pilotos y tripulantes.
Sin embargo, de acuerdo con SAT, Mexicana incumplió sus obligaciones casi desde el principio al no pagar 5.5 millones de dólares de depósito por el arrendamiento de aeronaves, negarse a firmar documentos, contratar a sus pilotos y tripulaciones fuera del proceso acordado y no obtener las licencias necesarias para importar y operar los aviones.
Los “incumplimientos materiales de Mexicana y su falta de voluntad para trabajar con SAT en la solución de los problemas causados” no dejaron a SAT “otra opción” que demandar, señala la querella.
La Secretaría de la Defensa Nacional, que opera Mexicana, respondió que no tenía ninguna información sobre el caso.
SAT, empresa radicada en San Antonio, reclama 838.5 millones de dólares, que representan el “total completo” del contrato, más los gastos “de bolsillo”, que hasta ahora superan 2.4 millones de dólares.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lanzó el año pasado Mexicana resucitando la marca de una aerolínea en quiebra.
El gobierno ha presentado a Mexicana como una alternativa menos cara para los viajeros que las aerolíneas más grandes del país, como Aeroméxico, con la que López Obrador se ha enfrentado a menudo.
Sin embargo, al principio Mexicana tuvo dificultades para adquirir aeronaves y comenzó a operar con tres aviones Boeing procedentes del Ejército y dos Embraer arrendados.
En marzo, López Obrador aseguró que Mexicana compraría 20 aviones antes de octubre.
SAT afirmó estar de acuerdo con Mexicana en que las disputas contractuales podrían abordarse en los tribunales de Nueva York en virtud de la legislación de ese estado.
Edición: Estefanía Cardeña
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