Ley de Amnistía dio justicia a cuentagotas para presos políticos: Cerezo

El activista declaró que continúan prácticas de Calderón y EPN durante gobierno de AMLO
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

A cuatro años de la publicación de la Ley de Amnistía promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el marco del Día Internacional del Preso Político que se celebra el 17 de abril -el cual se remonta a la primera liberación de un encarcelado palestino por motivos políticos, Mahmud Baker Hijazi-, activistas del Comité Cerezo explicaron los logros y faltantes para cumplir la promesa de justicia que significaba esta iniciativa, que si bien logró la liberación de personas injustamente aprehendidas, aún deja vacíos por resolver.

“En México, 85 por ciento (de los presos políticos) ha salido, ya sea por la Ley de Amnistía o por otros mecanismos de defensa jurídica, como lo es el desistimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) o algunos recursos jurídicos como el amparo y así se han liberado presos políticos, digamos que los más emblemáticos que estaban desde antes de 2018, no obstante, hay un pequeño sector aún -nosotros les decimos “los olvidados”- que son los que ya nadie reivindica después de 20 o 25 años sus propias organizaciones han dejado de existir y se han quedado ahí en “la congeladora”, con penas a veces de sesenta u ochenta años. (La Ley de Amnistía) ha sido una justicia a cuentagotas, no ha beneficiado a todos los presos políticos”, señaló Héctor Cerezo, integrante fundador del Comité Cerezo.

 

Falta de voluntad política para revisar todos los casos

Héctor Cerezo declaró que muchos de los casos que se encuentran aún sin atención se debe a la falta de voluntad política y no por vacíos legales o falta de herramientas jurídicas, “es simple falta de voluntad política de querer garantizar la justicia, aunque sea tardía, porque son presos que en su tiempo ayudaron a la derrota del PRI (Partido Revolucionario Institucional) o a la transición de los partidos políticos (...)  lo que han hecho es lavarse las manos en muchos de los casos, digamos que como no hay un costo político por tener a presos que llevan 15 años y que ya nadie reivindica, que sólo existen en unas estadísticas, no hay organizaciones que les lleven el expediente, que les hagan mítines, que les hagan ruido, y como no hay todo esto, no hay un costo político y simplemente en la Secretaría de Gobernación no mueven ni un dedo. Lamentablemente, si no eres un preso político que genere movilización, te quedas en el cajón del olvido”. 

 

Presos políticos en el periodo de AMLO

Cerezo destacó que aunque el Gobierno Federal ha declarado constantemente que durante la actual administración ya no existen casos de presos políticos, sí se han presentado, tal como el de Higinio Bustos Navarro, luchador social hidalguense aprehendido en 2021 y procesado en el estado de Veracruz. “Desgraciadamente, también ha habido nuevos presos políticos a partir del 2018 y las características de estos son dos: uno, quienes defienden el derecho a la protesta, es decir, personas u organizaciones que se movilizan, que marchan, que realizan mítines, que cierran calles, que toman casetas, a ese tipo de organizaciones que no se plegaron a la 4T (Cuarta Transformación) o a Morena, que tienen un discurso más a la izquierda que Morena, muchas de ellas anticapitalistas, otras socialistas, son las que están sufriendo esos mecanismos de represión por motivos políticos”.

Asimismo, el activista destacó que “el otro gran sector son quienes defienden el territorio, ya sea bosques, agua, contra la minería, contra los megaproyectos, esos dos grandes sectores que se enfrentan a los intereses privados, sobre todo trasnacionales o inclusive ya con capital nacional, son los que digamos que han nutrido el listado de los nuevos presos políticos (...) como cualquier gobierno, jamás va a aceptar que tienen presos por estos motivos”. 

 

Delitos graves, el obstáculo mayor

Sumado a lo difícil que ha sido para los activistas el hacer llegar a la Secretaría de Gobernación los casos de los presos olvidados por la actual Ley de Amnistía, también existe otro obstáculo: la gravedad de los delitos que suelen imputarle a los luchadores sociales con el fin de que la cárcel sea segura, aún cuando no haya pruebas para generar una sentencia.

“Cuando los luchadores sociales están presos o duran muchísimos años, efectivamente están por homicidio, por secuestro, por portación de armas, o sea, aparte los señalan de cuatro o cinco delitos (...) sí dificulta (el proceso de liberación) cuando son acusados de delitos graves. Hay una continuidad histórica de estos actos, que es la criminalización mediante delitos que son graves, como el homicidio, el secuestro, incluso con la reforma ahora ya es grave tomar una caseta y no alcanzas ni siquiera fianza”.

Finalmente, Cerezo concluyó que la actual Ley de Amnistía promovida por AMLO es la “de más corto alcance que ha conocido la historia de México (...) si ves la ley estatal en Oaxaca que se creo que en 2007, sí liberó a todos los presos políticos, liberó a acusados de guerrilleros, a luchadores sociales, entonces el defecto de esta ley es que es tan abierta que no dice a quién beneficia en concreto”.

 

Edición: Fernando Sierra


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