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La Jornada
15/08/2024 | Ciudad de México
Gustavo Castillo García para La Jornada y con información de Afp
Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al traslado ilegal de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el pasado 25 de julio, han detectado que su vuelo se hizo en un avión con matrícula “clonada” que la aeronave partió de una pista ubicada en Culiacán, Sinaloa.
Asimismo, el Ministerio Público Federal detectó diversas irregularidades en la investigación y procesamiento del lugar donde, según la versión oficial, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
Héctor Nemesio Cuen, fue asesinado.
El informe que la FGR dio a conocer es respecto a la investigación de lo sucedido con El Mayo Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien fue trasladado a Nuevo México, Estados Unidos, de manera “obligada” presuntamente por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Acusará FGR de traición a la patria a quienes entregaron al ‘Mayo’ a EU
La Fiscalía General de la República acusará por el delito de traición a la patria a los responsables del presunto secuestro y entrega a autoridades estadunidenses del capo del narcotráfico Ismael Zambada.
El líder y confundador cártel de Sinaloa, quien eludió la cárcel durante décadas, asegura que el pasado 25 de julio fue llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos a bordo de un avión privado en el que también viajaba un hijo de su viejo socio, Joaquín Chapo Guzmán.
La fiscalía explicó que entre los supuestos de la traición a la patria establecidos en el código penal se contempla al mexicano "que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito".
"Esa es la razón prioritaria de la investigación que inició el Ministerio Público Federal respecto al caso Ismael 'N' [Zambada] y Joaquín 'N' [Guzmán López]", uno de los hijos del Chapo, añade la fiscalía en el comunicado.
El caso se fundamenta en el artículo 123 del Código Penal Federal que establece una pena de prisión de 5 a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria.
Explicó que para esclarecer lo sucedido “las pruebas fundamentales para acreditar ese delito se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal, con un avión de matrícula clonada y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano hasta que llegó a la frontera, donde ya dio sólo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”.
La FGR indicó que en esta indagatoria “se realizó una diligencia ministerial y de investigación policiaca en el aeropuerto Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del gobierno de ese país, sin que se obtuvieran los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas”.
Ante ello, el área de Asuntos Internacionales de la FGR e Interpol-México han solicitado formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos los documentos relacionados con la “autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) del vuelo”, el documento de la información anticipada sobre los pasajeros (API)”.
Asimismo, el “informe del sistema de seguridad de radares de los Estados Unidos en la zona fronteriza con México”, la constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, la constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias; los datos de identificación del piloto y el número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la misma.
Respecto de la aeronave, también se solicitaron los registros aeronáuticos de la Federal Aviation Agency, sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis histórico y “si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la matrícula N287KA, son los legales”.
Asesinato de Cuen
El Ministerio Público Federal detectó diversas irregularidades en la investigación y procesamiento del lugar donde, según la versión oficial, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen, fue asesinado.
Entre las investigación se menciona que recibió un fuerte golpe en la cabeza y se localizó evidencia de que recibió cuatro disparos de arma de fuego en las piernas; el video de la gasolinera donde supuestamente fue asesinado en un intento de robo “tiene sonido y sólo se escucha un disparo”, y “los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos”, tampoco “se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta”, la fiscalía sinaloense no realizó los peritajes de “mecánica de hechos del evento” y “no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo”.
La FGR expuso que por lo que toca al homicidio de Héctor Nemesio Cuen los peritos y analistas de la AIC-FGR han detectado que en la necropsia realizada por autoridades de Sinaloa “no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo” y que “habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto”.
De acuerdo con lo señalado por la FGR, las autoridades sinaloenses “tampoco se cumplieron las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración”.
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