El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al artículo 2º constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, donde se les reconoce como “sujetos de derecho público”, lo que les permitirá recibir y ejecutar recursos presupuestales, además de ser consultados en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida.
Aunque se trataba de un tema en el que no había diferencias de fondo entre los grupos parlamentarios en San Lázaro, el debate se extendió nueve horas, por la intención de legisladores de todas las bancadas de ir a la tribuna a presentar sus posturas. Poco después de las 20:30 horas, la reforma fue aprobada en lo particular por 483 votos a favor.
Desde los posicionamientos de todos los partidos y en los discursos de los 68 oradores en tribuna, se encomió que uno de los aspectos más importantes de la reforma es reconocer a los pueblos originarios como “sujetos de derecho público”, y no sólo como sujetos de interés público.
De esta manera, las comunidades podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir con las obligaciones correlativas, se precisa en las modificaciones.
Otro aspecto relevante de la reforma, destacaron los legisladores, es que contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias “cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno”.
De igual forma, celebraron que con la modificación constitucional se le debe brindar asistencia jurisdiccional idónea a las personas indígenas que lo requieran, a través de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados.
