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Astrid Sánchez
10/10/2024 | Mérida, Yucatán
La solicitud de una Declaratoria de Zona de Emergencia de la Península de Yucatán, que sería única en su tipo en el país, tiene el principal objetivo de luchar por la vida y respetar los derechos de las comunidades mayas, aseguraron activistas que promueven esta iniciativa en los tres niveles de gobierno.
Este miércoles 9 de octubre, más de 20 comunidades mayas y representantes de más de 30 colectivos y organizaciones no gubernamentales presentaron en la Ciudad de México la propuesta que exige detener las afectaciones bioculturales que ocasionan los megaproyectos inmobiliarios, las granjas y la agroindustria en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, situación que tiene en emergencia al territorio.
“Han sido muchos años de lucha de los pueblos, de comunidades mayas en toda la península, hay registro de denuncias, amparos, demandas que se han ido haciendo a lo largo de muchos años, por ello nos organizamos para proponer estas exigencias, somos colectivos y organizaciones que estamos luchando por la vida, que hemos visto cómo se han ido violando incluso nuestros derechos, los derechos de los pueblos de disfrutar aire limpio, de tener buena salud”, manifiesta Candelario Collí, promotor de la Alianza Maya por las Abejas e integrante de Utsil Kuxtal.
Los promoventes exigen la atención inmediata a las afectaciones que causan los megaproyectos extractivistas y de desarrollo, los cuales, denuncian, en los últimos años han puesto en peligro los sistemas naturales debido a la degradación ambiental a través de la deforestación y la contaminación del agua, la tierra y el aire.
Pero eso no es todo. Las organizaciones acusan que estos proyectos de desarrollo dañan a las comunidades mayas debido a que promueven el despojo territorial y la ruptura del tejido social.
“No tomar en cuenta estas estas exigencias de las comunidades es grave, pinta muy mal, es un escenario catastrófico. Ya podemos pensarlo en escenarios de desastre”, advierte Candelario Collí, promotor de la Alianza Maya por las Abejas.
Candelario explica que las granjas avícolas y porcícolas son un modelo de despojo de las comunidades en cuanto a su territorio y a su forma y modelo de vida porque contaminan el suelo, el agua y el aire, procesos que han sido documentados y denunciados ante las autoridades correspondientes. También recuerda que la deforestación de manglares pone en riesgo la barrera natural contra huracanes.
Los activistas señalan que el desarrollo urbano e inmobiliarias, la industria cárnica, la agroindustria y el Tren Maya tienen en emergencia a la región porque atentan contra tres recursos invaluables para todos los habitantes de la península de Yucatán: el agua, las semillas y las abejas.
“Los grandes empresarios no se dan cuenta, incluso dicen que es desarrollo, pero no se piensa en el beneficio de las comunidades. ¿El desarrollo es para quiénes o para cuántos? Estas grandes inversiones sólo son para los empresarios porque por otro lado afectan la vida de las comunidades, es una emergencia socioambiental”, sentencia Everardo.
Por ello, la exigencia de declaratoria solicita atender la crisis que enfrentan las abejas, vulnerables a la intoxicación por plaguicidas, situación que ha causado que disminuya la calidad de su miel, afectando los ingresos de los apicultores. Respecto a las granjas, plantean la revocación de permisos y clausura de los proyectos que ocasionen daño ambiental y que no se otorgue ningún nuevo permiso para la operación de estos espacios.
También exigen que atender el extractivismo inmobiliario: “El crecimiento urbano no puede ser a costa de la naturaleza”, señalan.
Y respecto a la crisis de las semillas nativas, piden que se incentive únicamente la producción de éstas y que se garantice un modelo de soberanía alimentaria, así como implementar medidas y políticas para investigar y sancionar el tráfico, distribución y siembra de organismos genéticamente modificados.
“Es fundamental que esto se mire como afectaciones hacia la vida, hacia las personas que estamos sufriendo estas devastaciones, a las personas que estamos viviendo actualmente en la península. Esta lucha es pensando qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones, no queremos dejar un territorio devastado, no queremos que se normalice que un niño crezca en viendo la deforestación o que un niño se enferme de cáncer por la contaminación en el agua, o que un niño crezca sin conocer a las abejas o a los árboles nativos de su región. Esta exigencia es por la defensa de la vida”, insiste Everardo.
