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La Jornada
22/10/2024 | Ciudad de México
Fernando Camacho y Enrique Méndez
La Cámara de Diputados aprobó en lo general por unanimidad una reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de bienestar, mediante la cual se bajará de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión, y se harán obligatorios el programa Sembrando Vida y el pago de una pensión por discapacidad a personas de hasta 65 años.
Aunque todos los grupos parlamentarios anunciaron que votarían en favor de la iniciativa –la cual también garantiza que el Estado entregará un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que siembren árboles frutales, maderables y especies procesadas–, el debate se extendió por 6 horas y media, y en él la oposición denunció que los programas sociales se han aplicado en condiciones de opacidad e ineficiencia.
Al argumentar en favor de la reforma (donde se incluye la continuidad de precios de garantía en diversos alimentos básicos y apoyos a agricultores y pescadores en pequeña escala), los partidos mayoritarios destacaron que en México hay al menos 6.2 millones de personas que viven con alguna discapacidad, las cuales han comenzado a mejorar su calidad de vida desde que, en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se entregaron apoyos para ese sector de la población.
Por lo que se refiere a las personas adultas mayores, destacaron, la pensión otorgada en el pasado gobierno se incrementó 285 por ciento –de 2 mil 550 pesos bimestrales a 6 mil pesos–, cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto sólo aumentó 100 pesos en seis años.
Luego de destacar que tan solo en 2024 hubo una “inversión social” de 465 mil millones de pesos en apoyos para adultos mayores y de 27 mil millones para personas con discapacidad, señalaron que en el “periodo neoliberal” los programas sociales sólo eran “paliativos para unos cuantos”, y no derechos consagrados en la Constitución.
Por su parte, aunque la oposición se sumó a la iniciativa, también advirtió que en la entrega de apoyos y pensiones ha habido ineficiencia y supuestos actos corrupción, además de tener un enfoque “clientelar”.
La panista Mariana Jiménez subrayó: “apoyaremos estas reformas, pero apoyar no significa ignorar las deficiencias y las áreas que se deben mejorar para que los beneficios lleguen a donde más se necesitan”.
En ese sentido, recordó que la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades por 32 mil millones de pesos, tanto sólo en la Cuenta Pública 2022, de los cuales más de 2 mil 700 millones estarían relacionados con supuestos “desfalcos” en los organismos encargados de programas de desarrollo social.
En tanto, el programa Sembrando Vida “enfrenta graves problemas de implementación”, pues de acuerdo con estudios oficiales, 19 por ciento de los recursos de dicho esquema no logran identificar a su población objetivo.
Una de las intervenciones que se alargaron –debido a las preguntas que le formularon diputados de mayoría, en particular— fue la de la también panista Margarita Zavala, quien reprochó el “morenocentrismo ridículo” que, acusó, considera que los programas sociales iniciaron con el partido guinda.
“El país no nació con Morena, ¡no sean ridículos, por favor!”, recalcó, en medio de acusaciones de “cinismo” por parte de los legisladores aludidos.
Luego de tres rondas de intervenciones en tribuna –cada una de 12 oradores–, la reforma fue avalada por 483 votos a favor. No obstante, se presentaron 229 reservas, por lo que se espera que la aprobación en lo particular ocurra cerca de medianoche.
Edición: Fernando Sierra
